Investigan a un juez federal por abuso de autoridad: pidió datos de una causa en la que está imputado

El juez federal de Rosario, Gastón Salmain, quedó formalmente imputado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, acusado de haber utilizado su investidura para requerir información vinculada a una causa penal en la que él mismo está imputado por hechos de corrupción y criminalidad económica.

La investigación fue impulsada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal general Javier Arzubi Calvo, junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal nacional Sergio Rodríguez.

La audiencia se realizó el martes pasado en los tribunales federales de Rosario, ante el juez de Garantías Román Lanzón, quien otorgó un plazo de 180 días corridos para completar la investigación penal preparatoria y ordenó remitir copia de lo actuado al Consejo de la Magistratura.

Según la imputación, Salmain utilizó el 21 de octubre de 2025 su cargo de juez federal para confeccionar, suscribir y diligenciar dos oficios judiciales con el objetivo de obtener datos sobre medidas ordenadas en su contra dentro de un legajo fiscal que tramitaba con reserva y secreto de sumario. Uno de los oficios fue dirigido a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y el otro al director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Alfredo Gallardo.

Esas comunicaciones se vinculan con un procedimiento realizado el 17 de octubre de 2025 por personal de la PSA en el domicilio particular del magistrado, donde se efectuó una requisa personal y de su vehículo, además del secuestro de su teléfono celular. La fiscalía sostuvo que, cuatro días después de ese operativo, Salmain utilizó recursos oficiales de su juzgado para requerir precisiones sobre la medida.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el juez habría dotado a los oficios de apariencia y exigibilidad propias de una orden judicial: les asignó numeración correlativa del área de Superintendencia de su juzgado, utilizó papel con membrete del Poder Judicial de la Nación, sellos oficiales, firma y los envió desde la casilla institucional del Juzgado Federal N°1. En el caso del oficio a la PSA, además, habría mantenido una comunicación previa por WhatsApp con el titular de la fuerza para anticipar el envío del requerimiento.

El fiscal general Arzubi Calvo sostuvo que Salmain “habría utilizado las funciones propias de su cargo para obtener ventajas procesales en la causa penal que se sigue en su contra”, y remarcó la gravedad institucional del hecho, al tratarse de un magistrado que intentó acceder a información sensible sobre una investigación en curso.

La fiscal María Virginia Sosa detalló las evidencias reunidas hasta el momento, entre ellas los oficios cuestionados, correos electrónicos, testimonios de personal de la PSA y actuaciones administrativas. También recordó que durante un allanamiento posterior al despacho del juez se secuestraron computadoras, documentación y un teléfono celular iPhone 17 Pro, que fue entregado apagado, lo que impidió realizar un peritaje inmediato.

La fiscalía solicitó una serie de medidas de coerción ante el riesgo de entorpecimiento probatorio, pero el juez Lanzón rechazó ese planteo. Consideró que, por la condición de juez en funciones de Salmain, no podría intervenir ante un eventual incumplimiento. Sí dispuso la remisión del video de la audiencia al Consejo de la Magistratura y fijó como fecha límite para la investigación el 16 de junio de 2026.

Al hacer uso de la palabra, Salmain rechazó la imputación, no respondió preguntas y justificó su accionar. Su defensa cuestionó la calificación legal y sostuvo que los hechos atribuidos no configuran delito. El planteo fue desestimado por el juez de Garantías, que avaló la continuidad de la investigación.