La marcha general convocada por la CGT contra la reforma laboral genera fuertes repercusiones en la agroindustria. Mientras los gremios se preparan para el acto en horas de la tarde en Plaza de Mayo, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) volvió a reiterar su rechazo al paro organizado por la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón.
Como se recordará, desde las cero horas de hoy los gremialistas comenzaron un “paro activo y movilización contra la regresiva Reforma Laboral”. En tanto, la industria aceitera consideró que esa medida es inadecuada, tras haber cerrado una paritaria hasta mediados de 2026, lo que generó una nueva respuesta de los gremialistas.
Esta medida de fuerza tiene un impacto en el complejo de crushing oleaginoso emplazado en la zona del Gran Rosario, que hoy se encuentra paralizado. “Varias plantas y puertos amanecieron con un paro total de actividades organizado por la Federación Aceitera”, señalaron los industriales a través de un comunicado.
Desde la entidad presidida por Gustavo Idígoras, advirtieron que esta decisión se implementó “sin ningún tipo de fundamento gremial, sin conflicto laboral alguno y habiéndose firmado la paz social con el último acuerdo paritario hace escasos días”. En este punto, remarcaron que se trata de una “decisión puramente política, ajena a la industria”.
Para los industriales aceiteros, los gremialistas “argumentan que es por el proyecto de ley de Modernización Laboral, que se está tratando en el Senado de Nación, es ahí donde deben participar, tal como están haciendo otros sindicatos y demás interesados; no es haciendo daño a los trabajadores y a toda la comunidad aceitera argentina”.
Para la Federación Aceitera, “la Constitución Nacional y la ley vigente garantizan el derecho de huelga y de toda medida legítima de acción sindical, por lo que toda represalia que tome la patronal será una represalia por el ejercicio de un derecho”.
En este sentido, sostuvieron que el Gobierno nacional “presentó un proyecto de reforma laboral con el que pretende fortalecer la posición de las patronales y debilitar la de quienes trabajamos”.

Según los sindicalistas, el proyecto del oficialismo busca modificar la negociación colectiva y limitar al extremo el derecho a huelga; reducir las contribuciones de las empresas a la seguridad social y una serie de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y otras leyes laborales.