Curiosidades del Presidente
18/12/2025 - Edición Nº1045
Política
Revés para LLA
Discapacidad: punto por punto, qué dice la ley que Milei no pudo derogar en Diputados
18/12/2025 | El gobierno trató de colar en el Presupuesto 2026 una polémica derogación y fracasó. Gobernadores aliados se desmarcaron.
Una de las tantas protestas del 2025 cuando el gobierno demoraba la promulgación de la Emergencia en Discapacidad.
En la última sesión de la Cámara de Diputados, enmarcada en el debate del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional no consiguió avanzar con la derogación de la Emergencia en Discapacidad, una normativa clave que había sido cuestionada por el oficialismo y que finalmente se mantendrá en pie ante la falta de consensos políticos.
La resistencia no solo provino de la oposición dura, sino también de sectores aliados y gobernadores que decidieron no acompañar la eliminación del capítulo, en un escenario de creciente tensión parlamentaria.
La ley, que declara la emergencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 —con posibilidad de prórroga por un año más—, establece un conjunto de obligaciones concretas para el Estado nacional en materia de financiamiento, protección social, salud, educación, empleo y sostenimiento del sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
Emergencia nacional y jerarquía constitucional de los derechos
El núcleo de la norma parte del reconocimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.
En ese marco, la emergencia busca garantizar el cumplimiento efectivo de derechos como el acceso a un nivel de vida adecuado, la salud, la habilitación y rehabilitación, la educación, la protección social y el trabajo, bajo un enfoque integral y de derechos humanos
La ley es de orden público y rige en todo el país, lo que limita la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para modificar o restringir su alcance sin una nueva intervención del Congreso.
Pensiones no contributivas: nuevos criterios y compatibilidad con el empleo
Uno de los ejes centrales que el Gobierno intentó derogar sin éxito es el rediseño de las pensiones no contributivas por discapacidad.
La normativa crea la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, que reemplaza el esquema anterior y establece criterios claros de acceso, gestión y actualización del beneficio.
La prestación equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio, se actualiza conforme al régimen vigente y es compatible con el trabajo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. En caso de superarse ese umbral, la pensión se suspende de manera automática y puede reactivarse una vez finalizada la relación laboral o reducidos los ingresos.
Certificado Único de Discapacidad y enfoque multidimensional
La ley también ratifica y fortalece el rol del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento válido en todo el territorio nacional.
La Agencia Nacional de Discapacidad, en articulación con el Consejo Federal, queda a cargo de establecer los criterios de certificación bajo una concepción multidimensional y dinámica de la discapacidad, alineada con los estándares internacionales
Además, se obliga al Estado a implementar mecanismos expeditivos para facilitar la obtención y actualización del CUD, un punto especialmente sensible en contextos de ajuste y reducción del gasto público.
Financiamiento y fortalecimiento de prestadores
Otro de los capítulos que generó fuerte rechazo al intento de derogación oficial es el que declara de interés público nacional a los prestadores del sistema de la ley 24.901. La norma establece una compensación de emergencia financiada por el Tesoro nacional para cubrir el atraso entre los aumentos arancelarios y la inflación medida por el IPC durante 2023 y 2024.
Asimismo, fija criterios de actualización automática de aranceles y obliga al Estado a garantizar la continuidad de servicios esenciales, evitando el colapso de centros de día, transportistas, acompañantes terapéuticos y otras prestaciones básicas.
Salud, empleo protegido y beneficios para empleadores
La emergencia asegura la cobertura integral de salud para los titulares de la pensión, conforme a las prestaciones básicas establecidas por ley.
También refuerza el Régimen Federal de Empleo Protegido y actualiza los incentivos para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad, quienes quedarán eximidos del 50% de las contribuciones patronales durante tres años
Auditorías, control y rendición de cuentas
En un intento por equilibrar derechos y control del gasto, la ley establece un sistema de auditorías periódicas que debe garantizar transparencia, debido proceso y accesibilidad, contemplando además las realidades territoriales y las zonas de difícil acceso.
El Poder Ejecutivo, a su vez, queda obligado a presentar un informe anual público ante el Congreso con el detalle de fondos ejecutados, pensiones otorgadas y políticas implementadas.
Un límite político al oficialismo
El fracaso del Gobierno para derogar la Emergencia en Discapacidad dejó expuesto un límite político en el Congreso.
En una sesión marcada por el tironeo presupuestario, la decisión de mantener la norma vigente reflejó el costo institucional de avanzar sobre políticas sensibles y de alto impacto social, incluso entre aliados que optaron por desmarcarse.
