La Justicia federal dio un paso clave en la investigación por lavado de dinero que involucra al excandidato presidencial y exdiputado José Luis Espert. A pedido del fiscal Federico Domínguez, el juez Lino Mirabelli ordenó el congelamiento de todos los bienes que el dirigente libertario y su entorno poseen en el país, con el objetivo de “asegurar los activos pasibles de decomiso” ante una eventual condena.
La medida alcanza no solo a Espert, sino también a su esposa María Mercedes González, a su hijo, a su hermano Gustavo Sergio Espert y a varios socios y familiares con los que comparte fideicomisos, condominios y sociedades comerciales. Se trata de la resolución de mayor impacto dictada hasta ahora desde que el fiscal imputó al exlegislador, a comienzos de octubre, en una causa que investiga presuntas maniobras de blanqueo de capitales.
En el centro del expediente aparece el cobro de 200.000 dólares que Espert recibió en el marco de su campaña presidencial de 2019 por parte de Federico “Fred” Machado, un empresario acusado por narcotráfico en Estados Unidos. La fiscalía sostiene que esos fondos tendrían origen ilícito y que, además, existió un contrato por un millón de dólares firmado entre ambos en Guatemala, cuyo contenido y finalidad siguen bajo análisis judicial.
El congelamiento incluye inmuebles, vehículos de alta gama, participaciones societarias y estructuras jurídicas utilizadas para canalizar ingresos. Entre ellos figura el condominio que Espert compartía con su hermano y su madre -fallecida en marzo de este año-, su quinta en Escobar, varios automóviles y hasta el sello electoral Avanza Libertad. En ese inmueble de Escobar, allanado durante la investigación, se halló una factura de exportación por 300 mil dólares emitida por Wellington Capital Markets Ltd., una firma con domicilio en Australia y CUIT en Panamá.
Según el dictamen fiscal, esa factura fue emitida en mayo de 2019, en el inicio del vínculo entre Espert y Machado, y “evidencia la existencia de al menos una cuenta bancaria en el exterior” no declarada ante los organismos fiscales argentinos. Domínguez también remarcó que entre 2018 y 2020 el patrimonio del exdiputado se duplicó sin respaldo en ingresos lícitos, y que ese incremento coincidió con la acreditación de los 200 mil dólares investigados.
La fiscalía sostiene que Espert utilizó distintas sociedades como pantalla para justificar ingresos, en especial la firma Varianza S.A., dedicada a la consultoría financiera y compartida con su esposa, mediante “un mecanismo deliberado de alteración de la facturación societaria”. Además, se detectaron bienes registrados a nombre de familiares directos, incluidos vehículos de lujo y propiedades, en lo que el expediente describe como posibles maniobras de interposición de personas.
El dictamen también incorporó un dato político de alto voltaje: la relación entre Espert y el trader Mauricio Novelli, señalado como posible nexo entre Javier Milei y los responsables de la criptoestafa $LIBRA. La investigación detectó facturas emitidas por Varianza S.A. a nombre de María Pía Novelli, hermana del trader, quien está bajo sospecha en la causa Libra por presunto ocultamiento de activos. Para la fiscalía, ese vínculo abre una nueva línea de investigación sobre el entramado económico y político que rodeó al exdiputado libertario.
Con el congelamiento de bienes ya en marcha, la causa entra ahora en una etapa decisiva. La Justicia deberá determinar si el crecimiento exponencial del patrimonio de Espert fue el resultado de actividades lícitas o si, como sostiene la fiscalía, la política funcionó como una pantalla para el lavado de dinero proveniente de su relación con un empresario acusado de narcotráfico.
Espert se bajó de su candidatura a días de las elecciones cuando la causa judicial por presunto lavado de dinero estalló en el centro de la escena política y dejó de ser un ruido marginal para transformarse en un escándalo con expediente, fiscal interviniente y hechos concretos bajo investigación. La denuncia que activó el derrumbe fue presentada por Juan Grabois, quien lo acusó de haber recibido 200 mil dólares del empresario Federico “Fred” Machado, señalado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, como parte del financiamiento de su campaña de 2019.
A partir de esa presentación, la fiscalía avanzó con la imputación y la causa empezó a crecer, exponiendo contratos, transferencias y un patrimonio difícil de explicar. Con el escándalo encima, sin capacidad de despegarse del tema y convertido en un problema político para su propio espacio, Espert optó por correrse de la carrera electoral.
GZ