Tensión por la discapacidad: qué cambia con la apelación del Gobierno al fallo de Campana

El Gobierno nacional apeló el fallo dictado por la Justicia Federal de Campana que había ordenado la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el marco de un amparo colectivo que cuestionó la inacción del Poder Ejecutivo frente a una norma vigente. La apelación fue presentada en tiempo y forma por el procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, con el patrocinio del subprocurador Julio Pablo Comadira y de la abogada Cintia Vanesa Giménez.

El recurso fue interpuesto en la causa “JOG y otro c/ Estado Nacional – Presidencia de la Nación s/ amparo colectivo” y concedido en relación y con efecto devolutivo. Esto implica que el fallo de primera instancia no queda suspendido y continúa siendo obligatorio mientras la Cámara Federal analiza la apelación del Estado.

El amparo tuvo su origen meses atrás, cuando organizaciones y particulares vinculados al colectivo de personas con discapacidad acudieron a la Justicia ante la falta de implementación efectiva de la ley sancionada por el Congreso. La norma había sido aprobada, vetada por el presidente Javier Milei, luego ratificada por el Parlamento y finalmente promulgada, aunque sin aplicación práctica por decisión del Ejecutivo.

Ante ese escenario, los demandantes plantearon que el Gobierno estaba incurriendo en una omisión ilegal al no ejecutar una ley vigente, afectando derechos básicos como el acceso a prestaciones, tratamientos, pensiones y servicios esenciales para personas con discapacidad. El Juzgado Federal de Campana dio la razón a los amparistas y ordenó al Estado nacional cumplir de manera inmediata con la normativa.

En su fallo, el juez sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede neutralizar una ley mediante la inacción y recordó que la emergencia en discapacidad responde a una situación crítica acreditada, que exige una respuesta urgente del Estado. Además, remarcó que los derechos involucrados cuentan con protección constitucional y convencional.

La apelación del Gobierno se inscribe en una estrategia más amplia para frenar la aplicación de la ley, luego de haber intentado su derogación por distintas vías, incluida su eliminación a través del Presupuesto 2026. Con el recurso ahora en manos de la Cámara, el conflicto judicial sigue abierto, aunque con una aclaración clave: mientras no haya una revocación, la orden de aplicar la emergencia en discapacidad sigue plenamente vigente.

Un Gobierno hostil para las personas con discapacidad

La percepción de que el gobierno de Javier Milei es hostil hacia las personas con discapacidad se basa en decisiones concretas: vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, demoró su implementación aun cuando el Congreso la dejó vigente y aplicó un ajuste fiscal que desfinanció prestaciones esenciales, con aranceles congelados, pagos atrasados y servicios que dejaron de funcionar. Eso obligó a familias y organizaciones a recurrir a amparos judiciales para que el Estado cumpla obligaciones básicas.

A eso se suma una retórica oficial que habla de “curros” y “abusos” del sistema sin distinguir irregularidades puntuales de derechos adquiridos, lo que estigmatiza y legitima recortes. En conjunto, el enfoque del Ejecutivo —priorizar el ajuste por sobre garantías constitucionales y tratados internacionales— impacta directamente en tratamientos, apoyos y calidad de vida, y explica por qué el conflicto escaló a la Justicia y a la protesta social.

Párrafo aparte merece el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un oscuro entrevero que involucró al ex director del organismo, Diego Spagnuolo, a funcionarios de segunda línea de su área, a la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo-Argentina, y que llega hasta Karina Milei, cuya figura quedó en la cultura popular, inmortalizada como la “Alta Coimera” que se quedaba con el 3%.

GZ