El Gobierno nacional debió retroceder nuevamente en su estrategia parlamentaria y postergó el debate de la reforma laboral en el Senado, luego de quedar sin los apoyos necesarios para avanzar con un trámite exprés. La decisión se tomó en medio de fuertes tensiones internas, reproches de los bloques aliados y un clima de creciente malestar entre los senadores oficialistas y dialoguistas.
La definición llegó este jueves, cuando Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, solicitó formalmente que el tratamiento del proyecto se traslade al 10 de febrero, tras fracasar el intento de obtener dictamen en el plenario convocado para habilitar su discusión en el recinto.
El oficialismo buscaba acelerar el tratamiento de la reforma laboral apenas concluida la cumbre de la Casa Rosada con los senadores, con la intención de aprobarla antes de fin de año. Para eso, Bullrich había convocado a una reunión clave este jueves, con el objetivo de cerrar los acuerdos necesarios y llevar el proyecto al recinto en cuestión de días.
Sin embargo, el plan chocó con una resistencia inesperada dentro del propio arco aliado. Senadores de la Unión Cívica Radical, del PRO y representantes de bloques provinciales anticiparon que no estaban dispuestos a avanzar con la reforma sin que antes se resolviera el debate por el Presupuesto.

“Sin presupuesto no sale la reforma laboral”, resumió un senador, reflejando el malestar generalizado en la Cámara alta.
La presión interna fue creciendo con el correr de las horas. Una fuente del Senado fue aún más gráfica al describir el clima político: “Se hartaron de que la doctora los lleve a chotazos”, señaló, en referencia al estilo de conducción de Bullrich.
El freno en el Senado se produjo en un contexto adverso para el Gobierno, luego de la derrota sufrida en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró voltear un capítulo clave del proyecto de Presupuesto 2026. Ese apartado incluía la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, dos normas que finalmente fueron ratificadas por el Congreso pese al rechazo de la Casa Rosada.
Ese revés debilitó la posición del Ejecutivo en el Senado y terminó de consolidar la postura de los bloques aliados, que reclamaron priorizar el tratamiento del Presupuesto antes de avanzar con la reforma laboral.

En ese escenario, la reforma laboral quedó postergada en el Senado tras un nuevo revés político para el Gobierno, que se vio obligado a recalcular su estrategia parlamentaria para evitar una nueva derrota en el recinto.
Bullrich había intentado convencer a los senadores de que el Ejecutivo garantizaba el Presupuesto para la Cámara alta, con la expectativa de utilizar ese compromiso como incentivo para avanzar con la reforma laboral incluso en la semana posterior a Navidad.
La jugada, sin embargo, no prosperó. La falta de señales concretas desde el Ejecutivo y el antecedente inmediato de la derrota en Diputados terminaron por erosionar la confianza de los legisladores, que optaron por poner un límite al apuro del oficialismo.
El resultado fue un freno político claro: sin dictamen y sin fecha cercana de tratamiento, la iniciativa quedó formalmente postergada hasta febrero.
La reforma laboral es una de las principales apuestas del Gobierno en materia económica y productiva. El proyecto apunta a modificar aspectos centrales de las relaciones de trabajo, con el argumento de fomentar el empleo formal y reducir los costos laborales.

Sin embargo, su tratamiento legislativo viene acumulando obstáculos desde su ingreso al Congreso. La falta de mayorías propias obliga al oficialismo a negociar con bloques aliados y provinciales, que en este caso decidieron condicionar su apoyo al avance del Presupuesto.
Más allá del contenido del proyecto, la postergación dejó una señal política clara: el Senado decidió marcarle límites al Ejecutivo y reclamar un orden en la agenda legislativa. La Cámara alta, donde el oficialismo no cuenta con números sólidos, mostró su capacidad de frenar iniciativas clave cuando no se alcanzan los consensos mínimos.
El episodio también expuso las tensiones internas dentro del espacio que acompaña al Gobierno y el desgaste de una estrategia basada en la presión y el apuro legislativo.
Con el debate trasladado al 10 de febrero, el Gobierno tendrá que encarar una nueva ronda de negociaciones si pretende avanzar con la reforma laboral en el Senado. El foco inmediato estará puesto en destrabar el tratamiento del Presupuesto, condición que los senadores aliados consideran imprescindible para volver a discutir la iniciativa.
Hasta entonces, la reforma laboral quedará en pausa, en un escenario político marcado por la fragilidad de los acuerdos y un Congreso que volvió a mostrar que no está dispuesto a convalidar decisiones sin discusión previa.
TM