Revés para LLA
18/12/2025 - Edición Nº1045
Política
"Improrrogable"
Paulón apuró a Adorni por la Emergencia en Discapacidad: le dio 24 horas
18/12/2025 | El diputado reclamó que el Ejecutivo cumpla la ley vigente tras un fallo judicial y una decisión del Congreso.
El reclamo de Esteban Paulón a Manuel Adorni por la Emergencia en Discapacidad.
El diputado nacional Esteban Paulón apuró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que el Gobierno nacional aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que la Justicia federal ratificara su vigencia y de que el Congreso bloqueara un intento de derogarla durante el tratamiento del Presupuesto 2026.
El reclamo quedó formalizado a través de una carta documento en la que Paulón otorgó un plazo de 24 horas para que el Poder Ejecutivo ponga en marcha la norma, bajo advertencia de iniciar acciones legales por una posible responsabilidad penal en caso de incumplimiento.
La situación se apoya en dos decisiones recientes de otros poderes del Estado: un fallo judicial que declaró inconstitucional un decreto reglamentario que suspendía la ley y una votación parlamentaria que dejó sin efecto un artículo presupuestario que buscaba anular las emergencias votadas por el Congreso.
Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso y, según remarcó Paulón, cumplió todas las etapas constitucionales previstas para la formación de las leyes. La norma reconoce una situación crítica en el sistema de atención a personas con discapacidad y habilita mecanismos excepcionales para garantizar la continuidad de políticas públicas y prestaciones.
LA LEY NO SE DEROGA! SE CUMPLE!
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) December 18, 2025
Hoy la justicia federal ordenó al Gobierno a acatar el fallo judicial por el que debe cumplir con urgencia la #EmergenciaEnDiscapacidad
Anoche @DiputadosAR fue claro!
Hoy intimamos a @madorni a cumplir lo que mandan DOS PODERES del Estado.
Sinó… pic.twitter.com/SNjlewVwLE
Desde el punto de vista del Poder Legislativo, se trata de una ley plenamente vigente que debe ser ejecutada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno nacional había suspendido su aplicación a través del Decreto Reglamentario 681/2025, lo que abrió un conflicto institucional que derivó en la Justicia.
El fallo que ratificó la vigencia de la emergencia
El 12 de diciembre, la Justicia federal declaró la inconstitucionalidad del artículo 2° del Decreto 681/2025, que había suspendido la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El fallo sostuvo que un decreto no puede dejar sin efecto una ley aprobada por el Congreso.
Si bien el Estado nacional apeló la sentencia, la apelación fue concedida con efecto devolutivo, lo que implica que la ley continúa vigente mientras el proceso judicial sigue su curso. Para Paulón, este punto es clave porque elimina cualquier justificación legal para que el Ejecutivo no aplique la norma.
En su planteo, el diputado señaló que no existen hoy motivos que avalen la inacción del Gobierno frente a una ley que fue ratificada tanto por el Congreso como por la Justicia.
El voto de Diputados durante el debate del Presupuesto 2026
El reclamo de Paulón también se apoya en lo ocurrido durante el debate del Presupuesto 2026. En esa sesión, el Congreso anuló el artículo 75 del proyecto, que buscaba derogar las emergencias decretadas por el Poder Legislativo, entre ellas la Emergencia en Discapacidad, la Pediátrica y la de Financiamiento Universitario.
Según explicó el diputado, ese debate dejó en evidencia una contradicción del Ejecutivo. El Gobierno había sostenido que no podía aplicar la Emergencia en Discapacidad porque las partidas no estaban asignadas, pero en la misma sesión se incorporó un artículo para pagar una deuda a la Ciudad de Buenos Aires con una redacción idéntica a la que se decía imposible de utilizar en el caso de discapacidad.
Para Paulón, este punto desmiente el argumento oficial y muestra que la falta de aplicación de la ley fue una decisión política y no una imposibilidad técnica.
La carta documento enviada a Adorni
En la carta documento dirigida a Manuel Adorni, Paulón intimó al jefe de Gabinete a aplicar la Ley N.º 27.793 de Emergencia en Discapacidad en un plazo “perentorio e improrrogable” de 24 horas desde la recepción de la notificación.
En el texto, el diputado advirtió que, de no cumplirse ese plazo, avanzará con acciones legales por la posible responsabilidad penal de los funcionarios involucrados en la no aplicación de la norma. Además, recordó que ya existen denuncias penales presentadas por la decisión del Ejecutivo de no aplicar la ley en etapas anteriores.
Paulón también citó la doctrina de los actos propios, desarrollada por la Corte Suprema, que impide al Estado adoptar conductas contradictorias según el caso, y sostuvo que el Ejecutivo no puede seleccionar argumentos distintos para situaciones similares.
Qué impacto tiene el incumplimiento de la ley
Más allá de la discusión política y judicial, la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene efectos concretos sobre la vida de las personas con discapacidad. La norma apunta a garantizar recursos y políticas públicas en un contexto que el propio Congreso definió como crítico.
Desde la mirada del legislador, la demora en aplicar la ley agrava una situación que ya fue reconocida como urgente por el Poder Legislativo y que ahora cuenta con el respaldo de un fallo judicial.
Por eso, Paulón remarcó que el incumplimiento no solo implica una tensión entre poderes del Estado, sino también un impacto directo en un sector especialmente vulnerable.
Qué puede pasar ahora
El próximo paso depende de la respuesta del Poder Ejecutivo. Si el Gobierno no aplica la Ley de Emergencia en Discapacidad dentro del plazo de 24 horas fijado en la carta documento, Paulón anticipó que avanzará con nuevas acciones judiciales.
Mientras tanto, la ley sigue vigente por decisión del Congreso y por el fallo judicial que dejó sin efecto el decreto que la suspendía. La apelación presentada por el Estado no modifica esa situación en el corto plazo.
El conflicto abre así un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y la Justicia, con la Emergencia en Discapacidad como eje central de la disputa.
