La votación en la Asamblea Legislativa de Costa Rica que impidió levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves volvió a colocar en primer plano la relación entre política y justicia en el país. Con 35 votos a favor y 21 en contra, el Congreso quedó a tres voluntades de habilitar una investigación formal, en un contexto marcado por la cercanía del calendario electoral y la fragmentación del poder legislativo. El resultado no absolvió al mandatario, pero sí bloqueó, una vez más, la posibilidad de que rinda cuentas mientras permanece en funciones.
El episodio no es aislado ni excepcional dentro del actual ciclo político costarricense. Desde mediados de 2025, Chaves ha enfrentado distintos intentos de desafuero impulsados por órganos judiciales y electorales, todos frenados en el Parlamento. La reiteración de estos fracasos revela un sistema de pesos y contrapesos tensionado, donde las mayorías calificadas se vuelven un muro difícil de superar incluso ante acusaciones institucionales formales.
El pedido más reciente para retirar la inmunidad presidencial tuvo como eje la presunta beligerancia política, una figura jurídica sensible en Costa Rica por su tradición de neutralidad electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones sostiene que ciertas declaraciones y actos públicos del presidente podrían haber influido en la competencia rumbo a los comicios de 2026, algo expresamente prohibido por la legislación. El señalamiento no apunta a un delito común, sino a una infracción al principio de equidad democrática.
Desde el oficialismo, la defensa fue política antes que jurídica. Chaves calificó el proceso como una maniobra de desgaste impulsada por adversarios y sectores institucionales críticos de su gestión, mientras sus aliados legislativos argumentaron que no existían elementos suficientes para justificar un desafuero. La discusión, más que aclarar responsabilidades, profundizó la polarización entre quienes ven una defensa de la institucionalidad y quienes denuncian una persecución política.
Votaré en contra de levantar la inmunidad del Presidente Rodrigo Chaves.
— Leslye Bojorges (@LeslyeBojorges) December 17, 2025
Esta oposición politiquera pasará a la historia como la más perdedora de Costa Rica. pic.twitter.com/yGfJOenfGs
El bloqueo del desafuero deja al Tribunal Supremo de Elecciones con un margen de acción limitado hasta el final del mandato presidencial, previsto para mayo de 2026. Según el marco legal vigente, las investigaciones podrían reactivarse una vez que Chaves deje el cargo, lo que posterga cualquier definición judicial relevante. La inmunidad funciona así como un escudo temporal, no como un cierre definitivo del caso.
RECHAZADO
— Barra de Prensa (@barradeprensa) December 16, 2025
Expediente 25230
Solicitud a la Asamblea Legislativa del Tribunal Supremo de Elecciones para que se levante la inmunidad al señor Rodrigo Alberto Chaves Robles, presidente de la República, por presunta beligerancia política https://t.co/DHQ2pbs7kH pic.twitter.com/velmdD1PmD
Más allá del destino personal del presidente, el episodio deja preguntas de fondo sobre el funcionamiento del sistema político costarricense. La dificultad para alcanzar consensos amplios en el Congreso, incluso ante solicitudes formales de otros poderes del Estado, expone una democracia robusta en normas pero frágil en acuerdos, justo cuando el país entra en una fase electoral clave.