La Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto 2026, pero el Gobierno sufrió un golpe político inesperado cuando un grupo de gobernadores aliados rechazó en la votación en particular el capítulo que derogaba dos leyes sensibles: la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.
Los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) habían recibido en los días previos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para garantizar el aval al proyecto. Sin embargo, sus legisladores acompañaron solo la aprobación en general y votaron en contra del capítulo 11, lo que provocó una fuerte reacción del presidente Javier Milei y su entorno.
La votación dejó expuesta la fragilidad del acuerdo político que la Casa Rosada había tejido para intentar lograr su primer Presupuesto desde la asunción de Milei.
El proyecto de Presupuesto 2026 fue aprobado en general por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, con el respaldo del oficialismo, el interbloque PRO-UCR y legisladores alineados con varios gobernadores peronistas y provinciales.

El texto contempla gastos totales por $148 billones, un superávit primario del 1,2% del PBI, un superávit financiero del 0,3%, una inflación proyectada del 10,1% y un crecimiento económico del 5% para 2026.
Sin embargo, tal como se había definido al inicio de la sesión, la votación en particular se realizó por capítulos completos y no artículo por artículo. En ese esquema, el capítulo 11 fue rechazado por 123 votos contra 117, con dos abstenciones.
Ese capítulo incluía el artículo 75, que proponía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas este año por el Congreso, vetadas por Milei y luego ratificadas por más de dos tercios de ambas cámaras.
En la previa a la sesión, el Gobierno había intensificado la negociación con las provincias a través del giro de ATN a Catamarca, Salta, Tucumán y Misiones. El objetivo era garantizar no solo la aprobación en general del Presupuesto 2026, sino también el respaldo a los artículos más sensibles para el equilibrio fiscal que defiende la Casa Rosada.
El esquema funcionó a medias. Los legisladores de esas provincias acompañaron el dictamen y la votación general, pero mantuvieron su postura histórica cuando llegó el momento de definir el capítulo que eliminaba recursos para universidades y políticas de discapacidad.
Los gobernadores ya habían advertido al ministro del Interior, Diego Santilli, que el reparto de fondos no alcanzaba para saldar reclamos acumulados desde hace meses, como obras públicas, transferencias previsionales y el uso del remanente del Fondo de ATN, que aún conserva unos $720.000 millones.
El rechazo del capítulo 11 desató una fuerte reacción en la Casa Rosada. “Este Presupuesto así no nos sirve”, fue la frase que se repitió en la mesa chica del oficialismo tras la votación.
En el Gobierno interpretan que la maniobra de los gobernadores aliados dejó al Presidente sin una herramienta clave para blindar su política de equilibrio fiscal. En particular, apuntan contra Jaldo, Jalil y Sáenz, a quienes consideran “traidores” por haber sido beneficiados con ATN y luego votar contra uno de los puntos centrales del proyecto.

Desde el oficialismo sostienen que la insistencia del Congreso en sostener las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario pone en riesgo el superávit y obliga al Ejecutivo a administrar un Presupuesto que no refleja su programa económico.
El artículo 75 del capítulo 11 proponía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, dos normas que el Congreso había ratificado tras los vetos presidenciales.
En el mismo capítulo también se incorporaron, a último momento, modificaciones clave para sumar apoyos: la autorización al jefe de Gabinete para realizar adecuaciones presupuestarias que permitan cumplir el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, y un aumento de partidas para el Poder Judicial.
El jefe del bloque Fuerza Patria, Germán Martínez, denunció que el oficialismo buscó blindar esos cambios dentro del capítulo para evitar eventuales cuestionamientos judiciales.
El rechazo del capítulo 11 implica que, al menos por ahora, siguen vigentes las leyes que garantizan fondos para universidades y políticas de discapacidad. Para las provincias, se trata de áreas sensibles con alto impacto social y político.

Para el Gobierno, en cambio, el resultado representa una señal de alerta: incluso los aliados circunstanciales no están dispuestos a acompañar recortes que puedan tener costos internos en sus distritos.
Tras la media sanción en Diputados, el Presupuesto 2026 pasará al Senado, donde La Libertad Avanza intentará revertir el revés sufrido en el capítulo 11 antes del cierre del período legislativo.
Si el Senado ratifica el rechazo, el Gobierno enfrenta un escenario complejo: aceptar un Presupuesto que no considera viable o avanzar hacia un nuevo veto presidencial. También existe la posibilidad de que el proyecto vuelva a Diputados con modificaciones, lo que extendería el debate al próximo año.
Mientras tanto, la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores vuelve a tensarse, con un mensaje claro desde el Congreso: los ATN alcanzan para destrabar acuerdos parciales, pero no garantizan obediencia automática cuando están en juego leyes sensibles.