El Gobierno nacional creó la Comisión Nacional de Bioética, que tendrá la responsabilidad de evaluar los aspectos éticos implicados en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la investigación en salud en todo el país.
La iniciativa fue formalizada mediante el Decreto 893/2025 y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación.
Según se desprende de la normativa, la nueva Comisión será el único organismo rector en materia de bioética a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a los desafíos éticos, morales y legales derivados del progreso científico y tecnológico.
El decreto establece la derogación de la Comisión Nacional de Ética Biomédica, creada en 1998 pero nunca plenamente operativa, y dispone además la disolución del Comité de Ética en Investigación y del Comité Nacional Asesor de Ética en Investigación, ambos dependientes del Ministerio de Salud.
Las funciones de estos organismos serán absorbidas por la nueva Comisión Nacional de Bioética, en un intento por ordenar un escenario caracterizado por la fragmentación de actores, la superposición de competencias y la falta de criterios homogéneos.
Entre sus principales atribuciones, la Comisión tendrá a su cargo el asesoramiento al Poder Ejecutivo y a otros organismos del Estado, la elaboración de informes y recomendaciones, el establecimiento de estándares éticos para la investigación en salud y el uso de nuevas tecnologías, y la promoción de espacios de capacitación, investigación y debate público.
Asimismo, deberá realizar al menos dos reuniones anuales y podrá intervenir a pedido de dependencias públicas, particulares o frente a situaciones emergentes que requieran un abordaje bioético.
El organismo será presidido por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y estará integrado por seis miembros titulares y tres suplentes, seleccionados entre especialistas en ética, expertos en salud, representantes de la comunidad y profesionales de disciplinas como Derecho, Filosofía, Antropología o Economía.
Todos los integrantes desempeñarán sus funciones ad honorem y podrán convocar a instituciones académicas o profesionales para el análisis de temas específicos. El Ministerio de Salud será responsable de designar a los miembros mediante un proceso público y transparente, así como de dictar el reglamento interno y asignar los recursos necesarios para su funcionamiento.
El decreto también crea el Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, integrado por representantes de las provincias, que tendrá como misión acreditar comités jurisdiccionales, consensuar criterios comunes y asistir en dilemas éticos que involucren a más de una jurisdicción.
Con este nuevo esquema, el Gobierno busca fortalecer el trabajo federal, garantizar estándares homogéneos en todo el país y dotar al sistema de mayor previsibilidad, seguridad jurídica y coherencia frente a la adopción de estándares internacionales en materia de bioética y salud.
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