La política parlamentaria de Milei acaba de conocer su primer límite claro. En 24 horas, el oficialismo consiguió la foto que buscaba —media sanción del Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal—, pero también un revés inesperado y una demostración de fuerza en la calle que lo obligó a recalcular la hoja de ruta. Diputados aprobó el presupuesto con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, pero le negó al Gobierno el corazón político del proyecto: el artículo que pretendía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas votadas por el Congreso este año y vetadas por Milei.
El oficialismo llegó a esa media sanción apoyado en un “oficialismo ampliado”: La Libertad Avanza sumó al interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID y aliados sueltos) y a diputados de gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, San Juan, Neuquén y Santa Cruz. Provincias Unidas, el espacio de Córdoba y Santa Fe, se abstuvo en la votación general pero fue clave para dar quórum. El mensaje llegó después, en la votación del artículo 75/capítulo XI: una coalición de radicales, aliados provinciales y todo Provincias Unidas se plantó y lo rechazó, preservando las leyes de discapacidad y universidades. Fue la primera vez que los socios del “nuevo Congreso” marcan un límite explícito al ajuste sobre sectores con alta legitimidad social.
La Casa Rosada ya avisó que no se resigna. Altas fuentes del Ejecutivo dejaron trascender que, si el Senado no revierte esa derrota y el Presupuesto llega a promulgación con las leyes de discapacidad y universidades intactas, Milei está dispuesto a vetar su propia ley de gastos. Al mismo tiempo, el Gobierno buscará reponer parte del capítulo caído en la Cámara alta el 26 de diciembre, cuando el Senado trate presupuesto e Inocencia Fiscal, y luego insistir en una nueva vuelta en Diputados antes de fin de año. El tablero legislativo sigue mostrando a La Libertad Avanza como primera minoría con capacidad de armar mayorías circunstanciales, pero ahora con una advertencia escrita: los gobernadores y el bloque radical no están dispuestos a pagar en sus provincias el costo político de ciertos recortes.
En paralelo, la calle terminó de completar la escena. Ayer la CGT encabezó una marcha masiva a Plaza de Mayo contra la reforma laboral, acompañada por las dos CTA, gremios del transporte, estatales, docentes, organizaciones sociales, partidos de izquierda y con réplicas en el interior del país. Bajo la consigna “En defensa del trabajo y la dignidad”, la central obrera leyó un documento que calificó al proyecto como “regresivo y precarizador” y denunció que, bajo el discurso de la modernización, se busca abaratar despidos, flexibilizar jornadas con el banco de horas, recortar aportes patronales y limitar el derecho de huelga. En el cierre, los dirigentes advirtieron que, si el Gobierno insiste, el próximo paso será un paro nacional.
La combinación de marcha y tropiezo legislativo impactó directo en el Senado. Patricia Bullrich consiguió dictamen de mayoría para la reforma laboral en un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, con el respaldo de LLA, PRO, UCR y algunos partidos provinciales, pero no logró un acuerdo lo suficientemente amplio para llevarla al recinto este año. Frente a la resistencia de los bloques dialoguistas y el ruido que dejó el presupuesto, la jefa del bloque libertario tuvo que anunciar que el debate en el recinto se posterga para febrero: habrá dictamen, pero no sesión. La ley de glaciares siguió el mismo camino.
Así, la “política parlamentaria Milei 2.0” entra en una nueva fase. El Gobierno mostró que puede ordenar un Congreso fragmentado y avanzar con su programa cuando suma al PRO, la UCR y gobernadores aliados, pero también comprobó que hay dos límites que ya no puede ignorar: las coaliciones sociales organizadas en torno a universidades, discapacidad y sindicatos, y los propios aliados legislativos que no están dispuestos a inmolarse en sus territorios. El verano legislativo seguirá; lo que cambió en estos días es que, por primera vez desde las legislativas de octubre, el oficialismo descubrió que su mayoría ampliada no es un cheque en blanco, sino un equilibrio que también escucha lo que pasa en la calle.