Reforma laboral total: que dice el proyecto de Marcela Pagano que desafía a Milei y la CGT

La diputada nacional Marcela Pagano presentó en la Cámara baja un ambicioso proyecto de reforma laboral integral que propone una reconfiguración profunda del régimen vigente, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad, modernizar las normas laborales, promover el empleo registrado y dar previsibilidad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores.

La iniciativa incluye cambios en el sistema indemnizatorio, la creación de un Fondo de Cese Laboral optativo, la regulación específica del trabajo en plataformas digitales y modificaciones en convenios colectivos y aportes sindicales, entre otros ejes centrales.

Cabe recordar que Pagano pertenecía a las filas de La Libertad Avanza, pero desde hace varios meses de alejó del espacio oficialista y profundizó sus críticas por el rumbo económico y político.

Su proyecto busca sentar postura sobre la cuestión laboral. Javier Milei, por lo pronto, avanzó con el suyo en el Senado. Consiguió dictamen, pero recién en febrero se discutiría en el recinto. Habrá arduas negociaciones durante enero para llegar a esa instancia con una mayoría consolidada. Seguramente deberá ceder ante sugerencias y aportes de la oposición.   

Un nuevo marco laboral “integral y moderno”

El proyecto de Pagano, titulado Ley de Modernización Laboral, Fondo de Cese Laboral Optativo y Regulación de Plataformas Digitales, se estructura en once títulos y apunta a una reforma sistémica, que -según sus fundamentos- no busca una “flexibilización regresiva”, sino una reorganización racional del sistema laboral argentino, alineada con la Constitución Nacional y los convenios internacionales del trabajo ratificados por el país.

Entre los principios rectores, la propuesta incorpora explícitamente los criterios de proporcionalidad en las sanciones, buena fe procesal y controversia jurídica razonable, con el objetivo de evitar automatismos punitivos y desalentar la litigiosidad considerada “disfuncional”.

Cambios en indemnizaciones, preaviso y multas

Uno de los capítulos más sensibles del proyecto es la reforma del régimen indemnizatorio. Se mantiene el principio de indemnización por antigüedad, pero se introducen reglas más precisas para su cálculo y un tope máximo equivalente a diez salarios mensuales, con excepciones para trabajadoras embarazadas, personas con discapacidad y representantes sindicales con tutela legal.

También se modifican los plazos de preaviso, que pasan a ser de 15 días corridos -30 días para trabajadores con más de diez años de antigüedad- y se redefine el alcance de la integración del mes de despido, eliminando superposiciones indemnizatorias.

En paralelo, se reformula el régimen de multas por falta de entrega de certificados laborales, que pasan a ser graduadas según la gravedad del incumplimiento, con la posibilidad de emisión digital directa por parte del Estado en caso de mora persistente.

Incentivos a la registración y sanciones graduales

El proyecto introduce cambios en las leyes 24.013 y 25.323, que regulan el empleo no registrado y la mora en el pago de indemnizaciones. Se mantiene el castigo al trabajo informal, pero se reemplazan los esquemas rígidos por un sistema escalonado, que reduce significativamente las sanciones si el empleador regulariza la situación de manera espontánea o dentro de los plazos de intimación administrativa o judicial.

Según los fundamentos, esta lógica apunta especialmente a aliviar la carga sobre micro, pequeñas y medianas empresas, responsables de la mayor parte del empleo formal en el país.

Fondo de Cese Laboral Optativo y portable

Uno de los ejes más innovadores de la iniciativa es la creación de un Fondo de Cese Laboral Optativo, que funcionaría como alternativa al esquema tradicional de indemnización por despido.

El sistema se basa en cuentas individuales financiadas por aportes mensuales del empleador equivalentes al 8% del salario, administradas mediante un fideicomiso, con fondos inembargables, heredables y portables entre distintos empleos.

En caso de despido sin causa, el trabajador cobraría la totalidad del fondo acumulado; ante renuncia o despido con causa, percibiría el 50%. El proyecto prevé además un Fondo de Garantía Estatal para cubrir eventuales insolvencias del fiduciario y un esquema de implementación gradual.

Regulación del trabajo en plataformas digitales

El texto dedica un título completo a la regulación de las plataformas digitales, un área actualmente gris en la legislación laboral. Se reconocen tres categorías: trabajador independiente, trabajador autónomo dependiente y trabajador en relación de dependencia, según la realidad económica del vínculo.

Para los denominados autónomos dependientes, el proyecto establece obligaciones mínimas para las plataformas, como aportes previsionales, seguros obligatorios, compensación por gastos operativos y reglas de transparencia algorítmica, además de prohibir bloqueos arbitrarios sin procedimiento previo.

Convenios colectivos y aportes sindicales

La iniciativa también avanza sobre la ultraactividad de los convenios colectivos, fijando plazos máximos diferenciados para cláusulas salariales y no salariales, y habilitando instancias de conciliación y arbitraje obligatorio.

Además, impone límites a los aportes sindicales, mayor transparencia contable y refuerza el principio de libertad sindical negativa, al exigir consentimiento expreso del trabajador para las retenciones.