19/12/2025 - Edición Nº1046
Judiciales
Un crimen brutal
Caso Blas Correas: piden llevar a juicio a once funcionarios, entre ellos un exministro de Seguridad
19/12/2025 | El fiscal Franco Mondino solicitó la elevación a juicio oral por las responsabilidades posteriores al crimen cometido por policías de Córdoba. La acusación alcanza a ex jefes policiales y a Alfonso Mosquera, quien fue ministro de Seguridad provincial.
El expediente judicial que investiga lo ocurrido después del asesinato de Valentino Blas Correas dio un nuevo paso clave. El fiscal Franco Mondino pidió la elevación a juicio oral contra 11 funcionarios públicos imputados por distintos delitos vinculados a la actuación estatal tras el crimen del joven, ocurrido en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba. Entre los acusados figura el ex ministro de Seguridad provincial, Alfonso Fernando Mosquera.
La solicitud fue formulada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación y se apoya en una investigación iniciada luego de la sentencia dictada por la Cámara Octava del Crimen, que juzgó el homicidio de Blas Correas. El nuevo proceso busca determinar la conducta de funcionarios y jefes policiales que tenían responsabilidades institucionales en las horas y días posteriores al hecho.
Además de Mosquera, la nómina de imputados incluye al exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad, Lucas Sebastián Mezzano, y al excomisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido, quien se desempeñaba como subdirector general de Seguridad de la Policía. Tras concluir la pesquisa, el fiscal requirió la citación a juicio por cinco hechos concretos.
El primero de ellos involucra a siete policías -Norberto González, Emmanuel Alejandro Fachisthers, Natalia Soledad Márquez, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Daniel Eduardo Henot, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza- acusados de abuso de autoridad. Según la acusación, durante la madrugada del 6 de agosto de 2020 omitieron resguardar la vida de la víctima en un control vehicular realizado en la intersección de avenida Chacabuco y calle Corrientes, al no brindarle asistencia ni permitir su traslado al Hospital de Urgencias, lo que derivó en su muerte.
En el mismo operativo, la oficial principal Natalia Soledad Márquez deberá responder además por lesiones leves calificadas, acusada de haberle propinado dos patadas en el tobillo derecho a Camila María Toci durante un palpado preventivo, provocándole lesiones.
El tercer hecho tiene como imputado al ex comisario mayor Gonzalo Leonardo Cumplido, acusado de encubrimiento por omisión de denuncia agravada. De acuerdo con la investigación, Cumplido tomó conocimiento del presunto “plantado” de un arma de fuego por parte de personal policial y de su posterior hallazgo en la escena, maniobra que habría tenido como objetivo desviar la investigación y encubrir a los verdaderos autores del crimen.
El cuarto eje de la acusación apunta directamente al ex ministro de Seguridad. Mosquera deberá responder como autor del delito de presentación u ofrecimiento de dádivas, mientras que Mezzano fue imputado como partícipe necesario y Cumplido como autor de admisión de dádivas. La fiscalía sostuvo que Mosquera ofreció y entregó a Cumplido un vehículo Toyota Corolla, junto con el pago del seguro y tickets de combustible, con la intervención de Mezzano, en el marco de las derivaciones institucionales del homicidio, considerado un caso de gatillo fácil.
El quinto hecho investigado involucra al director de la Dirección Centro de Comunicaciones y Videovigilancia de la Policía, Víctor Rubén Di Stéfano, acusado de abuso de autoridad por haber autorizado el ingreso de personal jerárquico a la sala de videovigilancia para observar las grabaciones vinculadas al crimen ocurrido minutos antes.
En paralelo, el fiscal dispuso el archivo de tres de los hechos originalmente investigados. Uno de ellos estaba vinculado a la ex directora general de Recursos Humanos de la Policía, Liliana Rita Zárate Belletti, y a la supuesta falta de supervisión en la formación del personal, en particular en relación con uno de los policías condenados por el homicidio. También se archivó la investigación sobre el trato y la contención psicológica a las víctimas y sus familiares, así como otra causa por presunto abuso de autoridad que ya había sido analizada en una fiscalía distinta.
Según informaron fuentes judiciales, permanece pendiente la resolución sobre el hecho por el cual se imputó a varios policías por la presunta violación de medios de prueba, registros o documentos, una arista que aún continúa bajo análisis.
