El expediente no describe un exceso aislado ni un error en medio del caos. Lo que la Justicia federal puso por escrito es algo más grave: un acto de violencia estatal ejercido desde una posición de poder contra una persona manifiestamente vulnerable. Por eso, la jueza María Servini procesó al inspector de la Policía Federal Nicolás Emanuel Céspedez por la agresión a Beatriz Blanco, una jubilada de 82 años, durante la marcha frente al Congreso del 12 de marzo.
Según el fallo, el efectivo empujó a la mujer con una fuerza desproporcionada, provocando su caída violenta sobre la vereda y lesiones en la cabeza que requirieron atención médica. La resolución descarta cualquier margen de duda: el policía sabía a quién estaba empujando y aun así avanzó.
Para la magistrada, las imágenes incorporadas a la causa son concluyentes. Céspedez logra ver a la víctima antes del contacto: una mujer mayor, con bastón, en medio de una protesta pacífica. Aun así, ejerce un empujón que deriva en una caída “de extrema violencia”, con la jubilada tendida en el asfalto.
El fallo subraya un punto central: no se trató de una reacción inevitable ni de una situación de riesgo inmediato. “Pudo haberse evitado”, sostiene la jueza, al remarcar que el efectivo contaba con otros medios disuasivos que no implicaban el uso de la fuerza física contra una persona de avanzada edad.
La Justicia va más allá y advierte que el resultado pudo haber sido trágico. Califica el episodio como una “desgracia con suerte”, una frase que expone la gravedad del hecho y el riesgo asumido por el accionar policial.
Céspedez fue procesado por el delito de lesiones leves agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad y se le trabó un embargo por 40 millones de pesos. La tipificación no es menor: el fallo hace foco en el abuso del rol estatal y en la responsabilidad que conlleva portar uniforme y autoridad.
El informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que las lesiones sufridas por Blanco fueron compatibles con un traumatismo contuso cortante en la región occipital, producto del impacto contra el piso, y que requirieron sutura y controles posteriores.
En su declaración, la víctima fue directa y estremecedora: “Pensé que me estaba muriendo”, relató al describir los segundos posteriores a la caída.
En la misma resolución, Servini sobreseyó al ayudante Pablo Alexis Aldama, imputado por el presunto uso de gas pimienta, al no haberse acreditado con certeza su responsabilidad penal en ese tramo del operativo.
Sin embargo, el procesamiento de Céspedez marca un precedente dentro de una investigación más amplia sobre el accionar de las fuerzas federales durante la marcha de jubilados, una jornada que terminó con múltiples heridos y denuncias por violencia institucional.
El fallo deja un mensaje claro: cuando la fuerza se ejerce desde el Estado contra los más vulnerables, no se trata de un exceso menor, sino de un abuso de poder que debe ser juzgado.