La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, sumó un nuevo frente judicial que vuelve a ponerla en el centro de la escena. La Unidad Jurisdiccional Civil N.º 3 de San Carlos de Bariloche ordenó el embargo preventivo de sus haberes como legisladora, hasta cubrir un monto de 40,5 millones de pesos, en el marco de una demanda por presunto fraude en la compraventa de un lote en la ciudad balnearia de Las Grutas. La medida fue dispuesta por el juez Santiago Morán, quien consideró acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, aunque aún no resolvió la cuestión de fondo.
Según la resolución, el embargo apunta a garantizar el cobro de 27 millones de pesos correspondientes al capital reclamado y otros 13,5 millones en concepto de intereses y costas. El denunciante, un vecino de Río Negro, sostuvo haber recibido un boleto de compraventa con firmas certificadas, sin que se le hubiera otorgado la posesión efectiva del inmueble. Para el magistrado, la existencia de cartas documento, recibos y constancias de mediación entre las partes resultó suficiente para habilitar la cautelar. Morán, además, libró un oficio a la Secretaría General de la Cámara de Diputados con el apercibimiento de aplicar sanciones y multas diarias ante un eventual incumplimiento.
El fallo se conoce en un contexto particularmente delicado para Villaverde, en medio de un escándalo que la vincula con causas por narcotráfico. Durante la campaña electoral salieron a la luz registros judiciales del Estado de Florida que indican que fue detenida en Miami en 2002, acusada de intentar adquirir un kilo de cocaína por 17 mil dólares, un episodio que la legisladora siempre buscó minimizar.
A ese cuadro se suma su relación con Claudio Ciccarelli, primo y señalado como presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Ese mismo vínculo fue el que terminó de comprometer al economista liberal José Luis Espert, quien recibió aportes de campaña atribuidos a Machado y debió dar explicaciones públicas y judiciales.
En ese marco, la Justicia dio un paso más y resolvió congelar por 90 días todos los bienes de Espert, de su esposa, su hijo y varios familiares y socios con los que comparte sociedades y fideicomisos. La medida fue ordenada por el juez Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Federico Domínguez, dentro de la causa que investiga el presunto lavado de dinero vinculado a 200 mil dólares que habrían ingresado a la campaña presidencial de 2019. El congelamiento alcanza a inmuebles, vehículos, sociedades comerciales y al sello electoral Avanza Libertad, con el objetivo de evitar maniobras que frustren un eventual decomiso de activos de origen ilícito.
GZ