El oficialismo consiguió un avance legislativo relevante en el Senado. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales emitió dictamen favorable al proyecto de reforma del Régimen Penal Tributario, conocido como “Inocencia Fiscal”, una iniciativa que propone cambios de fondo en los criterios de persecución penal por evasión y apunta a actualizar un sistema considerado obsoleto.
La reunión se realizó en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo y también sirvió para ratificar autoridades. Por unanimidad, los senadores reeligieron a Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, como presidente de la comisión, en un gesto de respaldo político en plena discusión de una de las reformas tributarias más sensibles del período.
Tras la constitución formal de la comisión, el eje del debate se concentró en el proyecto que busca modificar de manera sustancial el Régimen Penal Tributario. La iniciativa eleva de forma significativa los montos mínimos para que se configure el delito de evasión: pasa de 1,5 millones de pesos a 100 millones en el caso de la evasión simple y fija en 1.000 millones el umbral para la evasión agravada.
Además, el texto incorpora un nuevo Régimen de Ganancias para contribuyentes con patrimonios de hasta 10.000 millones de pesos. Quienes adhieran a ese esquema no podrán ser investigados por variaciones patrimoniales previas dentro de ese tope, una cláusula que apunta a regularizar activos y reducir la litigiosidad penal.
Para Pagotto, el proyecto responde a una necesidad impostergable. Durante su intervención sostuvo que el régimen vigente quedó completamente desactualizado por el proceso inflacionario y remarcó que la presunción de inocencia debe ser un principio rector también en el ámbito tributario. En ese sentido, cuestionó que muchos contribuyentes hayan terminado convertidos en “clientes forzados del sistema penal tributario”.
Desde la oposición dialoguista, el proyecto encontró acompañamiento, aunque no exento de observaciones. El senador Maximiliano Abad, de la UCR, valoró el giro conceptual que propone la reforma, pero planteó dudas sobre los mecanismos previstos para la actualización de las multas, un punto que podría generar distorsiones a futuro.
En la misma línea, el senador Eduardo Vischi advirtió que la falta de parámetros variables atados a la inflación podría reproducir los problemas que hoy se buscan corregir. Sin embargo, destacó el cambio en la lógica de la relación entre el Estado y los contribuyentes y consideró prioritario que la iniciativa llegue al recinto antes de fin de año.
Desde el oficialismo, Bartolomé Abdala defendió el proyecto como una demanda largamente postergada y expresó su confianza en que el dictamen reúna las firmas necesarias para habilitar su tratamiento en la próxima sesión del Senado.
Por su parte, la senadora Andrea Cristina, del Frente PRO, puso el foco en la necesidad de establecer escalas diferenciadas de sanciones, para evitar que pequeños contribuyentes reciban el mismo tratamiento que grandes empresas o multinacionales.
Al cierre del encuentro, Pagotto ratificó su intención de seguir trabajando sobre los mecanismos de actualización del régimen y subrayó la importancia de fijar límites claros que eviten nuevos desfasajes en el futuro.
Con el dictamen ya firmado, el proyecto de “Inocencia Fiscal” quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto. El debate que se abre no será menor: el texto redefine el alcance del castigo penal tributario y marca un cambio de enfoque en la política fiscal, en sintonía con la agenda de desregulación que impulsa el Gobierno.