La postergación del debate de la reforma laboral en el Senado no descomprimió el conflicto entre el Gobierno y el movimiento obrero. Por el contrario, la Confederación General del Trabajo (CGT) definió profundizar su plan de lucha y ya le puso fecha al próximo capítulo: el 10 de febrero, día en que el oficialismo buscará retomar el tratamiento del proyecto.
La decisión fue confirmada por dirigentes sindicales tras la masiva movilización a Plaza de Mayo. “Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”, afirmó Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT y referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en declaraciones radiales.
La definición no es casual. Para la central obrera, hacer coincidir un paro general con el debate legislativo es una forma de condicionar la discusión desde afuera del Congreso y mostrar capacidad de presión en un momento clave.

El sindicalismo interpreta que la postergación del tratamiento -originalmente prevista para diciembre- fue consecuencia directa de la movilización y de las gestiones políticas realizadas en los últimos días. Desde esa lectura, el 10 de febrero aparece como una fecha bisagra, tanto para el oficialismo como para los gremios.
Además de Lobato, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, fue uno de los dirigentes más explícitos. En diálogo con medios, sostuvo que la reforma laboral implica “una clara intención de despojar derechos” y anticipó que la respuesta sindical debe estar “a la altura de la gravedad del proyecto”.
Furlán cuestionó que se pretenda aprobar una ley de casi 200 artículos “sin debate y sin participación del movimiento obrero” y afirmó que el impacto de la reforma supone una transferencia de poder desde los trabajadores hacia las grandes empresas. En ese marco, la UOM ya resolvió acompañar el paro y la movilización.
La CGT se atribuye haber conseguido un primer objetivo: frenar el tratamiento inmediato de la reforma. En un comunicado difundido tras la marcha, la central sostuvo que las movilizaciones “masivas y contundentes” en Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país fueron decisivas para que el Senado postergara el debate hasta febrero.

Según los dirigentes sindicales, en las últimas semanas hubo reuniones con diputados, senadores y gobernadores de distintos espacios políticos, que influyeron en la decisión de correr el calendario legislativo.
El rechazo sindical se centra en aspectos concretos del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Entre los principales cuestionamientos aparecen:
Para la CGT, estas medidas no modernizan el mercado laboral sino que avanzan hacia una precarización del empleo.
Con la fecha ya definida, el conflicto entra en una nueva fase. La CGT resolvió mantener la presión en todos los frentes: calle, Congreso y eventualmente la Justicia. El paro del 10 de febrero aparece como una advertencia directa al oficialismo y a los legisladores que deberán votar el proyecto. Esto implica que la central obrera busca condicionar el debate parlamentario desde el primer día.
En las semanas previas al 10 de febrero, la CGT planea intensificar las negociaciones políticas con gobernadores y senadores, especialmente con aquellos que aún no fijaron posición. Si el Gobierno avanza sin introducir cambios de fondo, el sindicalismo no descarta escalar las medidas.
La reforma laboral se consolida así como uno de los principales focos de tensión entre la administración Milei y el movimiento obrero. Lejos de desactivarse, el conflicto ya tiene fecha, protagonistas y un nuevo escenario de disputa.
TM