La violencia en América Latina dejó de ser un fenómeno episódico para convertirse en un factor estructural que condiciona gobernabilidad, inversión y vida cotidiana. En los últimos años, la región ha visto cómo el crimen organizado, las pandillas y la debilidad institucional se entrelazan en escenarios donde la violencia no solo persiste, sino que se expande territorialmente. Este contexto explica por qué varios países latinoamericanos aparecen de forma recurrente en rankings globales de inseguridad.
Un informe reciente del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) refuerza esa tendencia al ubicar a cuatro países de América Latina entre los diez más peligrosos del mundo. La novedad no es solo la presencia regional en el ranking, sino el tipo de violencia que lo impulsa: conflictos criminales sostenidos, alta letalidad y riesgos constantes para la población civil, incluso sin guerras formales en curso.
El índice de ACLED no mide percepción, sino hechos violentos verificables. Combina letalidad, peligro para civiles, difusión territorial y cantidad de grupos armados activos. Bajo esta metodología, países como México, Ecuador, Brasil y Haití escalan posiciones debido a la persistencia de enfrentamientos criminales, disputas por control territorial y colapsos parciales del control estatal en zonas clave.
En estos casos, la violencia no se concentra en un frente único ni responde a una lógica bélica tradicional. Se manifiesta en ciudades, corredores logísticos, puertos y barrios populares, con impactos directos sobre civiles. La fragmentación de actores armados multiplica los focos de conflicto, eleva la imprevisibilidad y dificulta respuestas estatales coordinadas.
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— InSight Crime Español (@InSightCrime_es) December 14, 2025
La presencia de varios países latinoamericanos entre los más peligrosos del mundo tiene efectos que van más allá de la seguridad. Afecta flujos de inversión, encarece costos logísticos y presiona sistemas políticos ya frágiles. La violencia se convierte en un factor económico, limitando crecimiento y profundizando desigualdades sociales que, a su vez, retroalimentan el problema.
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— InSight Crime Español (@InSightCrime_es) December 15, 2025
El desafío regional no pasa solo por reducir homicidios, sino por recuperar control territorial, fortalecer instituciones y coordinar respuestas transnacionales frente al crimen organizado. De lo contrario, la región corre el riesgo de normalizar niveles de violencia comparables a zonas de conflicto abierto, con consecuencias duraderas para su estabilidad y proyección internacional.