El municipio de Baradero tuvo que explicar en qué gasta la tasa vial que le cobra al campo 

Productores rurales de la provincia de Buenos Aires comenzaron a imponer sus reclamos en la Justicia para obligar a los municipios a rendir cuentas sobre el destino de la tasa vial, un tributo que los intendentes cobran para el mantenimiento de los caminos rurales y que, según denuncian, no siempre se traduce en obras ni mejoras de transitabilidad.

El abogado Pablo Abdón Torres Barthe, que representa a productores del sector agropecuario y viene de obtener un fallo favorable para la Sociedad Rural de Baradero, habló con NewsDigitales y explicó la importancia de una estrategia legal que empieza a dar resultados en distintos distritos bonaerenses.

“No es el primero Baradero”, señaló, al referirse a la reciente resolución del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de San Nicolás, que obligó al municipio gobernado por Esteban Sanzio (Fuerza Patria) a detallar en qué fueron utilizados los fondos cobrados a los productores agropecuarios.

El letrado habló de “una movida que se está replicando en varios municipios” y recordó el primer caso exitoso bajo su litigio: meses atrás obtuvo sentencias favorables —en primera y segunda instancia— respecto de la tasa vial que pagan productores rurales de Henderson, localidad del partido de Hipólito Yrigoyen.

Actualmente existen acciones similares impulsadas por su estudio de abogados en otras ciudades. En Azul, el reclamo avanzó primero por la vía administrativa y, ante la negativa oficial, se presentó un amparo. A ese listado se suman presentaciones en General Alvarado y una nueva demanda en preparación en Necochea, además de consultas de productores de otros partidos bonaerenses.

La tasa vial como contraprestación: el reclamo de los productores

Abdón Torres Barthe subrayó que el planteo parte de la naturaleza jurídica de la tasa vial. A diferencia de un impuesto general, explicó, se trata de una tasa que implica una contraprestación directa y efectiva de un servicio.

“Los productores rurales pagan muchas veces tasas siderales y ese dinero debería volver en caminos rurales en condiciones”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo de las acciones judiciales es determinar con precisión cuánto se recauda y cuánto se destina efectivamente al mantenimiento de la red vial rural. Según explicó, ese desfasaje entre ingresos y gastos es un problema que se repite en distintos municipios bonaerenses.

El profesional ubicó al pedido de acceso a la información pública como un primer paso necesario para futuras presentaciones más específicas: “Lo que estamos intentando determinar con estas acciones es cuánto se recauda y cuánto efectivamente se gasta en caminos rurales, para establecer la magnitud del desvío. A partir de ahí, continuar con otras acciones judiciales”, señaló.

Entre los posibles caminos legales, mencionó dos ejemplos concretos: “Se puede llegar a pedir la devolución de la tasa o el reembolso al productor de lo que no se gastó en caminos, o puede derivar en una denuncia penal por malversación de fondos si detectamos un caso grave”, explicó Abdón Torres Barthe.

El caso Baradero, bajo la lupa judicial

En el caso específico de Baradero, el municipio respondió parcialmente a las exigencias realizadas por la Justicia, aunque los demandantes insisten en que falta información relevante.

Según el representante legal de los productores, el expediente solo refleja lo que el distrito destina a los caminos rurales a través de fondos provenientes de la coparticipación provincial con asignación específica, es decir, una porción del impuesto inmobiliario rural que llega con destino determinado.

Eso deja fuera de la ecuación lo recaudado por la tasa vial municipal. “Entre la coparticipación y la tasa, el municipio recauda alrededor de 800 millones de pesos, pero el gasto informado en caminos rurales ronda poco más de 100 millones. Si gastás eso y los caminos no están en condiciones, claramente hay un problema”, afirmó el abogado.

La falta de información pública y el rol de la Justicia

El abogado de la Sociedad Rural de Baradero remarcó que uno de los ejes centrales del reclamo es la dificultad para acceder a información pública clara y sistematizada.

“Encontrar un presupuesto completo de un municipio, con sus planillas anexas, es una tarea titánica. Muchas veces solo se publica el articulado, con números gruesos, pero no el detalle fino”, explicó, en referencia a la opacidad de la información que figura en los boletines oficiales.

En ese contexto, el fallo judicial ordenó al municipio entregar parcialmente información que no resulta nítida en los boletines oficiales y que “no resulta de fácil acceso”, según consta en la resolución.

“El miércoles recibimos la información estamos viendo —junto al abogado Matías Riveros— qué se informó de todo lo que pedimos y qué es lo que falta. Por ahora, lo que observamos es que no se informaron fehacientemente los ingresos destinados a caminos rurales, tal como solicitamos. Sí informaron los gastos. Es decir, no sabemos cuánto efectivamente ingresó y cuánto se gastó”, alertó Abdón Torres Barthe.

“No se trata de no pagar, sino de que el servicio exista”

El abogado aclaró que el reclamo no apunta a dejar de pagar la tasa vial, sino a que exista una correspondencia real entre lo que se cobra y el servicio que se presta. “Los productores no quieren dejar de pagar, quieren caminos”, insistió.

En el caso de Bragado, el distrito cuenta con unos 600 kilómetros de caminos rurales y gran parte de la traza se encuentra “intransitable”, según refieren los productores.

En ese sentido, Abdón Torres Barthe también puso el acento en la dimensión social del problema, que suele quedar relegada en el debate. Señaló que el camino rural no es solo una herramienta productiva, sino el principal vínculo de comunicación de la ruralidad.

“Afecta a la escuela rural, al ingreso de una ambulancia o un bombero, y a la vida cotidiana de quienes viven y trabajan en el campo. Cuando llueve, hay peones que quedan aislados varios días”, describió.

Un reclamo que no encuentra una salida política

Finalmente, el letrado apuntó a la falta de respuestas desde el ámbito político como uno de los motivos por los cuales el conflicto termina judicializándose. Según explicó, ni el oficialismo ni la oposición en los distritos suelen avanzar con controles estrictos sobre el uso de la tasa vial, porque ambos sectores manejan o aspiran a manejar esos recursos.

“Ahí se produce un corte de representación: los concejos deliberantes no controlan y el vecino no encuentra canales de respuesta”, sostuvo.

Ante ese escenario, las resoluciones favorables de la Justicia comienzan a consolidarse como antecedente para otros municipios bonaerenses y abren el camino a una proliferación de acciones legales impulsadas por productores rurales.