En una causa que expuso un circuito organizado para el robo de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas y su posterior contrabando hacia Bolivia, la jueza de Revisión Mariana Catalano homologó condenas mediante acuerdos de juicio abreviado y dispuso la elevación a juicio del exintendente de Coronel Juan Solá (Morillo) y de un oficial de la Policía de Salta. Las decisiones se adoptaron tras dos audiencias realizadas entre el 3 y el 12 de diciembre.
El primer acuerdo derivó en la condena de Miguel Gerala, hijo del exjefe comunal Atta Gerala, a seis años de prisión como coautor de contrabando de mercadería agravado -por la cantidad de personas, el uso de pasos no habilitados y el monto involucrado- en concurso real con cohecho activo y robo agravado cometido en despoblado y en banda. En el mismo trámite, el comerciante David Edilberto Medina recibió idéntica pena por contrabando agravado y encubrimiento, además de cinco años de inhabilitación para ejercer el comercio.
En una segunda audiencia, la magistrada homologó el acuerdo alcanzado con Jorge Fernando Cabrera, sargento de la Gendarmería Nacional, quien fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por cohecho pasivo. Las condenas fueron impulsadas por el fiscal general de la Fiscalía de Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Roxana Gual.
Para el exintendente Atta Gerala, la jueza declaró admisible la acusación por contrabando de mercadería triplemente agravado -por la cantidad de intervinientes, su condición de funcionario público y el valor del material- en concurso real con robo agravado y malversación de caudales públicos, y ordenó la elevación a juicio. La misma resolución alcanzó al oficial ayudante de la Policía de Salta Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, imputado por cohecho pasivo. La expectativa de pena fue estimada en 11 años de prisión para el exjefe comunal y de tres años para el efectivo policial, en un debate que será llevado adelante por un tribunal colegiado.
La investigación se inició en agosto de 2024 tras una denuncia del Correo Argentino por envíos sospechosos de neumáticos. A partir de escuchas y tareas de campo, la fiscalía detectó que Medina no solo ingresaba cubiertas de manera ilegal desde Bolivia, sino que había avanzado en la exportación clandestina de material ferroso: rieles sustraídos del ramal C-25 del Belgrano Cargas, entre las estaciones Padre Lozano y Morillo. El expediente determinó que el saqueo era sistemático, que se utilizaban bienes municipales y que parte del material se acopiaba en predios oficiales y en el domicilio del entonces intendente, desde donde era trasladado por pasos no habilitados hacia el país vecino.
Según la acusación, la operatoria contó con connivencia policial para “liberar la zona” y con pagos de coimas para asegurar el tránsito de los camiones. Al cerrar su exposición, el fiscal sostuvo que el caso presenta un “caso sólido” para el juicio, respaldado por comunicaciones intervenidas, registros de imágenes y testimonios, y subrayó la gravedad institucional de los hechos por el uso del poder político para facilitar el delito.
