Imputaron al exdiputado K Emiliano Estrada por uso de fondos públicos para operar políticamente

El exdiputado nacional por Salta y economista Emiliano Estrada fue formalmente imputado en una investigación judicial que lo señala como presunto responsable de una operación de desinformación en redes sociales financiada con recursos públicos. Según la acusación, se habrían difundido contenidos falsos que vinculaban a autoridades del gobierno provincial con el narcotráfico a través de cuentas anónimas en la plataforma TikTok.

Integrante de La Cámpora y del espacio Unión por la Patria, Estrada había logrado hasta ahora evitar la imputación mediante una sucesión de presentaciones judiciales, planteos de competencia y reiteradas ausencias a citaciones formales. Su mandato como diputado nacional concluyó el pasado 10 de diciembre, aunque la causa llevaba varios meses en trámite. La imputación se formalizó finalmente este jueves.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, el entonces legislador habría encomendado a integrantes de su equipo la producción de una serie de videos con “contenidos dudosos”, difundidos desde perfiles anónimos que asociaban a funcionarios provinciales con actividades ilícitas. El fiscal remarcó que quienes elaboraban ese material cumplían funciones en el Congreso, por lo que el financiamiento de la maniobra habría provenido de fondos públicos, lo que motivó la imputación por presuntos delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios.

Durante el avance del expediente, Estrada sostuvo que se trataba de una persecución política e invocó en reiteradas oportunidades los fueros parlamentarios. Sin embargo, desde la fiscalía señalaron que la inmunidad legislativa solo protege las expresiones realizadas en el ámbito del Congreso o en declaraciones públicas identificables, y no aquellas producidas de manera anónima o “desde la clandestinidad”, como se investiga en este caso.

La causa tiene otros tres imputados. Dos de ellos, Florencia Bustamante y Alonso Allemand, ex asesores del entonces diputado contratados por la Cámara de Diputados, declararon que Estrada definía los lineamientos de los contenidos, enviaba los guiones y daba la aprobación final de los videos, que luego se publicaban en cuentas como “La Casta Salteña”, “La Casta de Sáenz” e “Informante Salta”. El cuarto imputado es Juan Capisano, señalado como administrador del perfil “Casta Salta”, quien afirmó trabajar para el empresario de medios Federico Mena Saravia.

La formalización de la imputación se produjo tras un extenso derrotero judicial. Hubo declaraciones de incompetencia, pedidos de acumulación con otros expedientes y solicitudes de intervención de magistrados de distintos juzgados, lo que mantuvo la causa prácticamente paralizada durante meses. Finalmente, la jueza federal Mariela Giménez, titular del Juzgado Federal N°2 de Salta, rechazó esos planteos y ratificó su competencia.

A partir de esa decisión, el fiscal general Carlos Martín Amad intentó avanzar con la imputación, pero se encontró con la falta de comparecencia del entonces diputado, pese a estar debidamente notificado. El Ministerio Público solicitó entonces el desafuero, pedido que fue rechazado en primera instancia, pero luego avalado por la Cámara Federal de Apelaciones y, finalmente, por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

La defensa de Estrada respondió con una recusación contra la jueza Giménez, alegando pérdida de imparcialidad, aunque el planteo fue desestimado por haber sido presentado fuera de término. Tras casi un año de dilaciones, este jueves se realizó la audiencia en la que Estrada participó de manera virtual y escuchó la lectura de los hechos que se investigan en su contra.

GZ