La AFA contrató a Ricardo Gil Lavedra para enfrentar la intimación de la IGJ

En el marco de los embates del Gobierno nacional contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia avanzó en la contratación de asesoría legal externa para afrontar la intimación formulada por la Inspección General de Justicia (IGJ). La decisión fue comunicada a través de un boletín oficial publicado este viernes, en el que se detalló una reunión remota del Comité Ejecutivo de la AFA, encabezada por Tapia. Durante ese encuentro virtual, los dirigentes aprobaron por unanimidad la contratación de los servicios profesionales del abogado Ricardo Gil Lavedra, actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).

Según se informó, el exintegrante del tribunal del Juicio a las Juntas tendrá a su cargo una consultoría legal externa destinada a asesorar a la AFA en cuestiones vinculadas a su carácter de asociación civil de derecho privado, así como en la situación jurídica de los integrantes del Comité Ejecutivo frente a las actuaciones y observaciones realizadas por la IGJ y otros organismos estatales.

Durante la sesión, los miembros del Comité Ejecutivo destacaron la amplia trayectoria profesional y académica del jurista, con experiencia en los ámbitos judicial, legislativo y de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. La contratación fue avalada sin objeciones por los dirigentes presentes.

La incorporación de Gil Lavedra se da en un contexto de creciente conflicto entre la AFA y el Gobierno nacional, a partir del control que la Inspección General de Justicia ejerce sobre las asociaciones civiles sin fines de lucro. El titular del organismo, Daniel Vitolo, sostuvo que la AFA goza de “ventajas impositivas y previsionales similares a las de los clubes de fútbol” y cuestionó que se ampare en su estatus jurídico para resistirse a la apertura de sus balances.

En ese marco, la IGJ intimó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino a presentar, en un plazo de 20 días hábiles, documentación que explique sus estados contables y financieros, además de responder por presuntos gastos e inversiones vinculados a actividades que -según el organismo- no estarían contempladas dentro de su objeto social. La respuesta de la AFA, ahora respaldada por asesoría legal externa, marcará el próximo capítulo de una disputa que combina fútbol, política y control estatal.

GZ