El debate por una eventual reforma de la Ley de Glaciares volvió al centro de la escena política en el Senado, donde el Gobierno nacional, a través del bloque de La Libertad Avanza, busca avanzar con modificaciones que habiliten proyectos productivos hoy restringidos. La discusión se da en el marco de las sesiones extraordinarias y anticipa un tratamiento intenso cuando el tema llegue al recinto en febrero.
Desde el oficialismo sostienen que la normativa vigente genera trabas a la inversión y un escenario de incertidumbre jurídica que desalienta el desarrollo minero y energético. La propuesta apunta a acotar el alcance de la ley, limitando la protección solo a los glaciares con función hídrica comprobada, lo que permitiría avanzar con emprendimientos de litio, cobre y otros minerales estratégicos.
La iniciativa encuentra una fuerte resistencia en la oposición, con Unión por la Patria como principal voz crítica. Desde ese espacio advierten que cualquier flexibilización pone en riesgo reservas clave de agua dulce destinadas al consumo humano y a la producción agrícola. A esa postura se suman organizaciones ambientalistas, que alertan sobre el impacto irreversible que podría tener la actividad extractiva en zonas periglaciares.
El debate también expone tensiones internas en el Congreso. Senadores de provincias con perfil minero como San Juan, Catamarca y Jujuy presionan para introducir cambios que habiliten inversiones, apelando al federalismo y a la potestad provincial sobre los recursos naturales. Esa puja atraviesa tanto al oficialismo como a la oposición y dificulta la construcción de consensos estables.
Con dictamen ya emitido en comisiones, la discusión promete convertirse en una de las más sensibles del próximo período legislativo. En juego no solo está el rumbo de la política minera, sino también el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, una tensión que vuelve a marcar la agenda del Congreso y que el Gobierno deberá enfrentar con números ajustados y aliados fluctuantes.