La primera semana del nuevo Congreso dejó en claro que Javier Milei puede ganar votaciones, pero que no controla el libreto al 100%. Diputados le dio media sanción al Presupuesto 2026, el Senado se prepara para aprobarlo antes de fin de año, la reforma laboral quedó pateada para febrero y, en el medio, el Gobierno abrió un frente inesperado con el PRO a raíz del reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación.
En Diputados, el oficialismo consiguió lo esencial pero perdió el capítulo político. La Libertad Avanza, que después de las legislativas pasó a tener la primera minoría con 95 bancas contra 93 del peronismo, logró los votos para aprobar en general el Presupuesto con 132 afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. La sesión maratónica, que arrancó el miércoles y terminó en la madrugada del jueves, mostró el esquema real de poder: libertarios, PRO, radicales y un grupo de bloques provinciales alineados en lo fiscal, frente a un peronismo que se consolidó como segunda minoría y que eligió sus batallas.
La principal derrota del Gobierno fue el famoso capítulo XI, donde se intentaba derogar la Ley de Financiamiento Universitario, la Emergencia en Discapacidad y otros regímenes especiales. Ese paquete, anclado en el artículo 75, fue volteado por una mayoría que cruzó al peronismo con sectores dialoguistas que no quisieron hacerse cargo del costo político de recortar recursos a universidades y prestaciones para personas con discapacidad. El propio oficialismo había apostado fuerte a ese ajuste: en los días previos, los funcionarios explicaban que, sin tocar esas partidas, el déficit cero quedaba en cuestión.
La reacción inicial de la Casa Rosada fue de resistencia. En caliente se habló de que, “así como quedó, el Presupuesto no le sirve al Gobierno” e incluso se deslizó la posibilidad de un veto si el Senado no corregía el texto. Pero veinticuatro horas y varias reuniones después, la línea cambió. La mesa chica —con Luis Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem e Ignacio Devitt— recalibró la estrategia: se mantendrá el objetivo de déficit cero, pero ya no a costa de discapacidad y universidades, sino con un paquete alternativo de recortes y reasignaciones que Economía empezó a diseñar para acompañar el debate en la Cámara alta.
Mientras se votaba el Presupuesto, se abrió otra grieta, esta vez dentro del bloque de aliados del Gobierno. De madrugada, con el temario de extraordinarias todavía vigente, La Libertad Avanza y el peronismo acordaron la designación de tres miembros para la Auditoría General de la Nación: una representante libertaria, un auditor kirchnerista y una figura ligada al gobernador Gustavo Sáenz. El PRO, que esperaba retener un lugar con Jorge Triaca, quedó afuera del reparto y reaccionó con furia. Cristian Ritondo habló en el recinto de “falta de códigos”, acusó a Martín Menem de sellar un pacto con el kirchnerismo y avisó que su bloque irá a la Justicia para impugnar la maniobra. En el entorno de Mauricio Macri dejaron trascender que la relación con el Gobierno “vuelve a foja cero”, mientras Santilli intentó bajar el tono al admitir que “la calentura es válida” pero sin dar por rota la alianza.
El Senado vivió su propia secuencia de idas y vueltas. Por un lado, la Comisión de Presupuesto firmó dictamen del Presupuesto 2026 con las firmas de La Libertad Avanza, el PRO, radicales y senadores provinciales, respetando la decisión de Diputados de eliminar el capítulo XI y sin agregar cambios que obliguen a devolver el proyecto a la Cámara baja. La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a sesión para el viernes 26 de diciembre con el objetivo de sancionar el Presupuesto antes de fin de año y exhibir al menos una victoria ordenada después del tropiezo en Diputados.
En paralelo, la reforma laboral, que el Gobierno había proyectado como el gran golpe de fin de año, terminó convertida en promesa para febrero. El oficialismo consiguió dictamen en un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, pero no los votos para llevarla al recinto ya mismo. En medio de la movilización de la CGT a Plaza de Mayo y con gobernadores y bloques dialoguistas reclamando cambios, Patricia Bullrich anunció que el debate se pospone para el 10 de febrero, dentro de un nuevo período de sesiones extraordinarias.
La marcha sindical no fue desbordante, pero alcanzó para condicionar los tiempos políticos. La CGT y otros sectores gremiales llegaron a la Plaza para rechazar una reforma a la que califican de “regresiva y precarizadora”, y celebraron la postergación como un primer triunfo: ahora buscan utilizar el verano para negociar una “versión pasteurizada” del proyecto con gobernadores, senadores y el ala política del Gobierno. El oficialismo, por su parte, deja correr la idea de que varios de los artículos más duros fueron colocados como ficha de negociación para ser moderados en la discusión final.
Dentro de La Libertad Avanza, la semana dejó marcas. La pérdida del capítulo XI, la pelea abierta con el PRO por la AGN y la decisión de correr la reforma laboral muestran los límites de un esquema que combina una primera minoría robusta con una ingeniería política todavía frágil. En Diputados, el bloque libertario necesita cada sesión del acompañamiento de Ritondo y de los gobernadores; en el Senado, depende de que Bullrich logre mantener alineado un entramado de alianzas que, después del Presupuesto, quedó lleno de suspicacias.
Del lado del peronismo, la semana sirvió para recuperar iniciativa legislativa. En Diputados, Unión por la Patria fue clave para tumbar el capítulo XI y, de paso, capitalizó el enojo del PRO por el reparto de la AGN. En el Senado, los senadores peronistas se mueven entre la resistencia al ajuste en universidades y discapacidad y la decisión de no aparecer como responsables de una eventual caída del Presupuesto, mientras se colocan en la primera línea del rechazo a la reforma laboral, con dirigentes como Mariano Recalde marcando el tono del discurso.
Así llega Milei al cierre del año legislativo: con un Presupuesto encaminado a ser sancionado el 26 de diciembre, pero menos ajustado de lo que reclamaba su programa original; con una relación tirante con el PRO, que ahora se sabe prescindible pero también imprescindible; con una reforma laboral que deberá ser renegociada bajo la presión de la CGT y los gobernadores; y con un Congreso que, lejos de ser una escribanía, le recordó al oficialismo que la aritmética parlamentaria y la política de alianzas siguen siendo el verdadero reglamento de la nueva era libertaria.