La querella que impulsa la causa por presunto abuso sexual contra el empresario Marcelo Porcel volvió a reclamar su indagatoria al considerar que el expediente ya cuenta con elementos probatorios suficientes y que la falta de avances expone a nuevos riesgos a potenciales víctimas.
Pablo Hawlena Gianotti, abogado de las familias denunciantes, sostuvo que el progreso de la investigación fue un “logro obtenido en soledad” y cuestionó la lentitud del Estado. Según explicó, en la causa ya se incorporaron peritajes informáticos y testimonios en Cámara Gesell, pero el juez interviniente optó por mantener un “temperamento expectante” con el argumento de la economía procesal.
“Nosotros requerimos la indagatoria y detención del señor Marcelo Eduardo Porcel el 27 de noviembre de este año 2025”, afirmó el letrado en declaraciones televisivas. En ese marco, señaló que el imputado actuaba bajo una “matriz de conducta” destinada a captar menores.
La investigación generó conmoción en la comunidad educativa de un colegio de Palermo Chico, al que asistían los adolescentes denunciantes. De acuerdo con la acusación, Porcel, de 51 años, utilizaba el vínculo escolar de sus hijos para atraer a chicos de entre 13 y 14 años a su domicilio en la torre Le Park o a sus oficinas, donde los inducía al consumo de alcohol y a participar de apuestas ilegales mediante transferencias de dinero a billeteras virtuales.
“El fin último estaba, mediante la captación de la voluntad, en autosatisfacerse sexualmente logrando la desnudez de los menores”, explicó Hawlena Gianotti. En ese sentido, confirmó que durante la investigación se secuestró un teléfono celular en el que se hallaron imágenes de un menor obtenidas con una cámara oculta instalada en una ducha.
Si bien la investigación penal se inició formalmente en 2024, a partir de revelaciones surgidas en 2022, el empresario aún no fue citado a indagatoria ni se le dictó prisión preventiva. Hasta el momento, la Justicia dispuso únicamente medidas restrictivas de acercamiento.
Desde la querella y el Ministerio Público Fiscal advirtieron sobre el riesgo de reiteración de los hechos y reclamaron una condena de cumplimiento efectivo por abuso sexual agravado y corrupción de menores.