Dirigentes cercanos a Milei piden indultos para represores

“Yo no quiero hacerlo oficial porque sino se cae la estrategia”. La frase pertenece a Asunción Benedit y fue pronunciada en una charla informal, entre té y sándwiches de miga. El problema para ella es que aquello que no debía saberse se conoció. Y lo que quedó expuesto no es una iniciativa aislada, sino un plan político articulado que apunta a uno de los objetivos históricos de los sectores que reivindican el terrorismo de Estado: la liberación de los represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Asunción Benedit es la principal referente de la Asociación Pañuelos Negros, un espacio que reivindica el accionar del Proceso de Reorganización Nacional, promueve la excarcelación de lo que denomina “patriotas encarcelados” y durante todo 2025 recorrió el país organizando actos públicos en defensa de genocidas, incluido un evento realizado el 29 de noviembre en Plaza de Mayo.

Viuda de un militar que participó del Operativo Independencia, madre de un represor prófugo y hermana del diputado entrerriano Beltrán Benedit, su objetivo central es la liberación de figuras emblemáticas del terrorismo de Estado como Alfredo Astiz, Adolfo Donda Tigel o Raúl Guglielminetti.

En audios conocidos recientemente, Benedit admite que la estrategia incluye proyectos legislativos ya redactados, reuniones políticas y un plan escalonado que se vio interrumpido cuando trascendieron las visitas de diputados libertarios a los penales de Ezeiza y Campo de Mayo en 2024. “Los malignos”, como ella define a los periodistas que revelaron el escándalo, habrían frustrado momentáneamente la iniciativa.

El plan contempla distintas vías, pero converge en una sola decisión clave: un indulto presidencial. La referencia histórica es explícita. Benedit y su entorno buscan replicar el esquema aplicado por Carlos Menem en los años noventa, equiparando represores y guerrilleros bajo la consigna de “pacificación nacional”. El obstáculo es evidente: no hay integrantes de organizaciones armadas presos en la actualidad. Para resolverlo, la estrategia incluiría reactivar causas contra ex dirigentes guerrilleros vivos, de modo de justificar luego un indulto generalizado.

En ese marco cobra relevancia el juicio iniciado en diciembre de 2024 por el atentado al comedor de la Policía Federal ocurrido el 2 de julio de 1976. La querella pretende que el hecho sea considerado delito de lesa humanidad, una interpretación forzada que permitiría juzgar a Mario Firmenich y Horacio Verbitsky. La causa es impulsada por abogados vinculados a Justicia y Concordia, como Laura Olea y Ricardo Saint Jean, quienes sostienen la tesis de una “guerra revolucionaria” y deslizan, sin pruebas sólidas, la intervención de estados extranjeros.

La lógica es clara: encarcelar a algunos para liberar a todos. Así lo explica la propia Benedit, quien reconoce que el indulto podría salir “a sola firma de Milei” y luego ser refrendado -o no- por el Congreso. La maniobra permitiría presentar la medida como una solución equilibrada, aunque en los hechos beneficiaría exclusivamente a los represores, responsables de miles de asesinatos, desapariciones, torturas y violaciones.

El entramado no se limita a declaraciones aisladas. Desde febrero de 2024, diputados libertarios, abogados defensores de genocidas y referentes judiciales comenzaron a reunirse en la sede de la Fundación San Elías, dirigida por el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge “El Carnicero” Olivera. De esos encuentros participaron legisladores de La Libertad Avanza, abogados históricos de represores y, al menos en instancias virtuales, integrantes del Poder Judicial.

Las reuniones derivaron en visitas a los penales. El 11 de julio de 2024, seis diputados libertarios ingresaron al penal de Ezeiza, se fotografiaron con los detenidos y compartieron reuniones privadas. La mediación para que no existieran objeciones del Servicio Penitenciario fue atribuida a la entonces ministra Patricia Bullrich, a quien Benedit señala como una aliada estratégica de la “familia militar”. Según la propia dirigente, Bullrich evalúa impulsar un proyecto alternativo basado en el “tiempo transcurrido” o el 2x1.

Para Benedit, la decisión del presidente Javier Milei es un punto de quiebre. Si concreta el indulto, contará con su apoyo. Si no, promete enfrentarlo políticamente. “Él tuvo todo en sus manos”, advierte. Incluso baraja fechas simbólicas, como Navidad o Pascua, para una liberación masiva que permitiría a Astiz, Acosta o Guglielminetti volver a sus casas.

Lejos de ser una fantasía marginal, el plan expone la persistencia de un lobby organizado que, bajo el actual gobierno, cree haber encontrado una oportunidad histórica para revertir décadas de políticas de memoria, verdad y justicia. Una estrategia que se mueve en las sombras, pero que ya dejó huellas concretas en el Congreso, en los tribunales y en los penales donde aún cumplen condena los responsables del peor horror de la historia argentina.

GZ