Fuerte rechazo a los cambios laboral y previsional que impulsa el Gobierno

En un contexto atravesado por el ajuste económico, la pérdida del poder adquisitivo y un debate legislativo aún abierto, las reformas laboral y previsional se posicionan como las más resistidas por la opinión pública.

Según el relevamiento, la reforma laboral registra un 52 por ciento de rechazo frente a un 43 por ciento de aprobación. El nivel de desaprobación es aún más contundente en el caso de la reforma previsional, que alcanza un 67 por ciento de desacuerdo y apenas un 32 por ciento de respaldo, convirtiéndose en la iniciativa con peor imagen dentro del conjunto de cambios evaluados.

En contraste, otras propuestas del oficialismo presentan un panorama más favorable. La reforma penal exhibe un amplio consenso social, con un 72 por ciento de los encuestados a favor y solo un 23 por ciento en contra, un dato que suele explicarse por la centralidad que los temas de seguridad y delito ocupan en la agenda pública. La reforma tributaria, en cambio, refleja una sociedad dividida, con un 47 por ciento de apoyo y un 41 por ciento de rechazo.

Los resultados del sondeo se conocen en momentos en que el Gobierno busca avanzar con transformaciones estructurales del sistema económico, laboral y previsional, mientras enfrenta resistencias sindicales, reclamos de jubilados y advertencias de la oposición sobre el impacto social de las medidas. En ese escenario, los datos sugieren que, más allá del acompañamiento a ciertas iniciativas, las reformas que afectan de manera directa los ingresos, el empleo y las jubilaciones continúan siendo las más sensibles para amplios sectores de la sociedad.

El rechazo mayoritario a los cambios laboral y previsional aparece estrechamente vinculado al clima social actual. La persistencia de la inflación, la caída de los ingresos reales y el aumento del desempleo y la informalidad alimentan el temor a una mayor precarización del trabajo y a un deterioro de los haberes jubilatorios.

Frente a estas preocupaciones, sindicatos, organizaciones de jubilados y sectores opositores advierten que las reformas podrían profundizar la desigualdad y trasladar el costo del ajuste a trabajadores y adultos mayores, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de medidas necesarias para ordenar la economía y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Una de cal y una de arena

La diferencia en la percepción social entre las reformas laboral y previsional, por un lado, y la penal, por el otro, responde a un factor central: el impacto inmediato en la vida cotidiana. Mientras los cambios en el mercado de trabajo y en el sistema jubilatorio son leídos por amplios sectores como una amenaza directa a los ingresos, la estabilidad y los derechos adquiridos, la reforma penal se percibe como una respuesta a una demanda de seguridad que no implica un costo económico personal inmediato.

En un contexto de ajuste, salarios deteriorados y jubilaciones en retroceso, la sociedad tiende a rechazar toda iniciativa asociada a pérdida o precarización, pero acompaña aquellas que prometen orden, castigo al delito y mayor control, aun cuando sus resultados a largo plazo sean discutidos. Esa lógica explica por qué las reformas que “tocan el bolsillo” generan resistencia, mientras las que apelan al miedo y al hartazgo con la inseguridad cosechan un respaldo transversal.

GZ