El macrismo fue a la Justicia para frenar la designación de auditores en la AGN

El diputado nacional Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO en la Cámara baja, presentó una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025, mediante la cual se designaron nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La medida judicial apunta a impugnar los nombramientos de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, aprobados durante la madrugada del 18 de diciembre, y solicita una medida precautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar dichas designaciones hasta que exista una resolución judicial firme. La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

En el escrito, Ritondo denuncia una serie de irregularidades ocurridas durante la sesión especial en la que se votaron las designaciones. Según sostiene, la moción fue introducida de manera sorpresiva a las 02:55 de la madrugada por el diputado Gabriel Bornoroni, sin que el tema figurara en el temario oficial de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.

El legislador también cuestiona que la iniciativa se haya presentado sin dictamen previo de comisión, sin aclarar el tipo de moción parlamentaria y sin un pedido formal de apartamiento del reglamento. A su vez, calificó la votación como una decisión tomada “entre gallos y medianoche”, sin debate público ni garantías de transparencia institucional. Ante esta maniobra, el interbloque Fuerza del Cambio y otras bancadas opositoras se retiraron del recinto, al considerar que se trataba de un acto manifiestamente inconstitucional y carente de legitimidad parlamentaria.

En cuanto a los fundamentos jurídicos del amparo, Ritondo sostiene que el Congreso no tiene facultades para incorporar temas por iniciativa propia durante el período de sesiones extraordinarias, ya que la fijación del temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. Asimismo, remarcó que la Auditoría General de la Nación, en su carácter de órgano de control externo del Estado, debe preservar un equilibrio institucional entre oficialismo y oposición en su integración.

La demanda también cuestiona la constitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.854 de medidas cautelares, al considerar que limitan el acceso a una tutela judicial efectiva y afectan el principio de división de poderes. Por último, el diputado citó antecedentes judiciales de 2015, cuando la Justicia frenó designaciones en la AGN por irregularidades similares, reforzando el argumento de que el procedimiento utilizado vulneró normas constitucionales y reglamentarias.

GZ