Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria.
Según explicaron los confederados, la iniciativa busca brindar al Estado herramientas jurídicas eficaces, frente a hechos delictivos que dañan bienes, infraestructura y el esfuerzo productivo del sector rural.
El proyecto plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorpora el artículo 184 bis, que crea la figura de "Vandalismo Rural".
Esta nueva tipificación prevé penas de dos a cinco años de prisión para quienes afecten el normal desempeño de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silos bolsa, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes vinculados a la actividad agropecuaria.
✔️ CRA presentó un proyecto a legisladores nacionales. para incorporar la figura del "vandalismo rural" en el Código Penal
— CRA (@CRAprensa) December 22, 2025
La iniciativa busca dotar al Estado de herramientas jurídicas eficaces frente a hechos delictivos que dañan bienes, infraestructura y el esfuerzo productivo… pic.twitter.com/VwV04An9mC
"No se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país", destacaron desde la entidad presidida por Carlos Castagnani
En ese sentido, remarcaron que los ataques a silobolsas y a establecimientos rurales "se han vuelto una práctica reiterada que hoy no encuentra una respuesta penal acorde a la gravedad del daño que provocan".
La propuesta también actualiza la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades como la liberación de patógenos, y establece escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, así como cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.
Por último, explicaron que el Código Penal vigente presenta falencias que dificultan una respuesta judicial efectiva frente a estos hechos.
"El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas", concluyeron.