Horas extras y firmas truchas: qué dijo Bouvier y ahora investiga la Justicia

La causa penal que investiga presuntas irregularidades en la Municipalidad de Rojas sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. El denunciante Maximiliano Pansú se presentó para ampliar la denuncia contra el intendente Román Bouvier, a partir de declaraciones públicas realizadas por el propio jefe comunal a un medio local, que según la presentación agravan su situación judicial.

De acuerdo con la ampliación, Bouvier reconoció en esas declaraciones que estaba al tanto de la modalidad irregular vinculada al pago de horas extras. “Los que trabajan van a cobrar, los que no trabajan no”, afirmó el intendente, una frase que para el denunciante evidencia que el funcionario conocía que se estaban liquidando horas de más y que, aun así, hasta hace poco tiempo continuó abonándolas.

La presentación sostiene que ese reconocimiento público deja en claro que no se trató de un hecho aislado ni desconocido por las máximas autoridades municipales, sino de una práctica que se mantuvo en el tiempo pese a haber sido detectada.

Admisiones públicas y falta de denuncia

La ampliación de la denuncia también pone el foco en otra frase del jefe comunal: “Se desplazó a quien se tenía que desplazar”. Para el denunciante, esa afirmación confirma que, más allá de una medida administrativa, no se promovieron acciones judiciales ni se realizó una denuncia penal contra la persona señalada como responsable de las maniobras, pese a la gravedad de los hechos.

En el mismo sentido, Bouvier sostuvo que “empezamos a auditar y controlar”, lo que, según el escrito presentado ante la Justicia, implica que antes no existían controles efectivos, aun cuando las irregularidades ya eran conocidas dentro del Ejecutivo municipal.

Otro punto destacado en la ampliación es la frase “se la jubiló porque detectamos todo ese abuso”, que vuelve a exponer, según el denunciante, que pese a haber detectado presuntas conductas delictivas, no se dio intervención inmediata a la Justicia ni se impulsó una investigación penal.

Por último, ante la consulta periodística sobre si el municipio iba a realizar una presentación judicial, el intendente respondió “estamos trabajando”. Para la ampliación de la denuncia, esa respuesta genera dudas sobre el conocimiento y cumplimiento del deber legal que tienen los funcionarios públicos de denunciar delitos en un plazo acotado.

El contexto de la causa

La ampliación se suma a la denuncia penal presentada el pasado 4 de diciembre ante la Ayudantía Fiscal de Rojas, a cargo de María Lara Bortel. La causa se originó a partir de la difusión de un video en el que se observa al propio Bouvier reconociendo presuntas maniobras de falsificación de firmas, pagos indebidos y defraudación en el ámbito de la Municipalidad de Rojas.

En ese registro audiovisual, el intendente admite situaciones como empleados que figuraban trabajando hasta 28 horas por día y personas que cobraban sueldos municipales mientras desempeñaban tareas en otros ámbitos. Según el denunciante, este esquema podría haber generado un perjuicio multimillonario para las arcas comunales, estimado en más de 6.000 millones de pesos solo en el último año.

En la presentación original, Pansú advirtió que, de comprobarse que el intendente conocía las maniobras y no las denunció, podría quedar alcanzado por figuras como incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Incluso planteó que, de acreditarse una organización sistemática para defraudar al Estado municipal, podría analizarse la existencia de una asociación ilícita.

Con esta nueva ampliación, la causa suma elementos que apuntan directamente a las propias declaraciones públicas del intendente, que ahora forman parte del expediente judicial y refuerzan el eje de la investigación, mientras el impacto político del caso sigue creciendo en el