La Justicia intimó al empresario Marcelo Porcel por incumplir los protocolos de su regreso al país

La situación judicial del empresario Marcelo Porcel sumó una nueva complicación en las últimas horas tras su inesperado regreso a la Argentina. El hombre, que se encuentra imputado en una causa iniciada a mediados de 2024 por presuntos abusos sexuales contra compañeros de escuela de uno de sus hijos, había recibido autorización judicial para viajar a Punta del Este el pasado 17 de diciembre. Si bien el permiso se extendía originalmente hasta el 5 de enero de 2026 para asistir al casamiento de una sobrina y pasar las fiestas, la presión mediática y la indignación de los denunciantes precipitaron un cambio de planes.

De acuerdo con los registros de vuelo, Porcel decidió regresar al país de forma secreta apenas dos días después de su partida, el 19 de diciembre, a bordo del vuelo AR 1357. El objetivo de este retorno anticipado habría sido mitigar la creciente condena social generada tras la difusión pública del caso. Sin embargo, este movimiento no fue debidamente notificado a los magistrados correspondientes, lo que activó una inmediata reacción de los tribunales.

Ante la falta de aviso oficial sobre su reingreso al territorio nacional, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, encabezado por el juez Carlos Bruniard, decidió intimar formalmente al empresario. La Justicia busca determinar con precisión dónde se encuentra viviendo actualmente para garantizar que continúe sometido al proceso judicial.

Las autoridades advirtieron que, de no brindar las respuestas requeridas de manera inmediata, Porcel estaría infringiendo las reglas de conducta del proceso, lo cual podría derivar en una orden de detención efectiva.

La investigación contra el empresario tomó relevancia pública en los últimos días, aunque el expediente ya cuenta con diversos avances significativos. Desde su inicio, se han llevado a cabo múltiples allanamientos y pericias técnicas sobre dispositivos electrónicos secuestrados.

Asimismo, se mantienen vigentes estrictas medidas de restricción para proteger a las víctimas, mientras la Justicia evalúa los pasos a seguir tras esta nueva irregularidad en el comportamiento del imputado.