Clausuran un criadero ilegal en Saavedra y rescatan a 23 perros que vivían hacinados en jaulas

Un operativo liderado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) logró desarticular un criadero ilegal que funcionaba en condiciones deplorables en el barrio de Saavedra. En el procedimiento, realizado en una vivienda de la calle Pico al 4900, fueron rescatados 23 perros de la raza Airedale Terrier, que sufrían maltrato y hacinamiento.

La investigación, dirigida por el fiscal Blas Matías Michienzi, comenzó a partir de una denuncia vecinal. Tras las tareas de inteligencia realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), se reunieron pruebas suficientes para que el juez Nicolás Repetto ordenara el allanamiento inmediato con el fin de proteger a los animales, considerados legalmente como "seres sintientes".

Un escenario de crueldad y encierro

Al ingresar al inmueble, los efectivos y médicos veterinarios se encontraron con una escena desgarradora. Entre los 23 ejemplares rescatados había 5 cachorros de tres meses, 14 hembras adultas y 9 machos.

Según el informe médico, los animales presentaban las siguientes condiciones:

Hacinamiento extremo: perros de gran porte estaban encerrados de a dos en jaulas diminutas donde no podían pararse ni caminar.

Falta de higiene: estaban sucios, con fuerte olor a materia fecal y carecían de un plan sanitario vigente.

Privación sensorial: los caniles se encontraban en habitaciones sin luz solar ni ventilación, una maniobra utilizada habitualmente para evitar que los perros ladren y alerten a los vecinos.

Desnutrición y sed: no contaban con agua limpia ni comida suficiente para las altas temperaturas de la época.

Ante la gravedad de los hallazgos, la UFEMA dispuso el secuestro de todos los canes y de las jaulas utilizadas para el cautiverio. Para garantizar su seguimiento legal, a cada perro se le colocó un chip de identificación (ID).

Los perros fueron trasladados a distintas ONGs de protección animal, donde recibirán atención veterinaria urgente y comenzarán un proceso de estabilización física y emocional antes de poder ser dados en adopción responsable.

Por su parte, la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) procedió a la clausura total del inmueble. Los responsables enfrentan cargos por infracción a la Ley 14.346 (Maltrato Animal) y actas contravencionales por la omisión de recaudos en el cuidado de animales domésticos.