La promulgación de la nueva Ley de Arbitraje por parte del presidente Santiago Peña representa un paso relevante en la modernización del sistema jurídico paraguayo. El acto, realizado ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, tuvo una fuerte carga institucional y simbolizó el respaldo del Poder Ejecutivo a mecanismos alternativos de resolución de conflictos que ganan peso en las economías más dinámicas.
La normativa actualiza un marco legal que había quedado rezagado frente a los estándares internacionales. Al establecer reglas claras, procedimientos ágiles y mayor previsibilidad para las partes, la ley fortalece la confianza en el sistema jurídico y apunta a reducir la congestión de los tribunales, permitiendo que la Justicia concentre sus recursos en causas de mayor impacto social.
Uno de los principales objetivos de la ley es reforzar la seguridad jurídica, un factor clave para la inversión local y extranjera. El arbitraje ofrece una vía eficiente y especializada para resolver disputas contractuales, especialmente en proyectos de infraestructura, energía y asociaciones público‑privadas, donde la certeza legal resulta determinante para la toma de decisiones.
En ese sentido, el gobierno de Peña busca enviar una señal clara a los mercados: Paraguay aspira a consolidarse como un país previsible, con reglas estables y alineado con las mejores prácticas internacionales. La posibilidad de recurrir al arbitraje en conflictos patrimoniales, incluso con participación estatal, amplía el abanico de herramientas disponibles para el sector productivo.

Más allá de su impacto económico, la nueva ley tiene una dimensión institucional. Al fortalecer la articulación entre el arbitraje y el Poder Judicial, se refuerza el Estado de Derecho y se promueve una cultura de resolución de conflictos más eficiente y menos litigiosa. Este enfoque contribuye a mejorar la calidad institucional y la confianza ciudadana en las reglas del juego.

Con esta reforma, Paraguay se suma a una tendencia regional de actualización normativa orientada a acompañar el crecimiento económico con marcos legales modernos. La Ley de Arbitraje se presenta así como una herramienta estratégica para sostener el desarrollo, atraer inversiones y proyectar al país como un actor confiable en el escenario regional.