La Justicia Federal ordenó la actualización inmediata de los salarios universitarios y las becas estudiantiles por inflación, tras frenar el decreto de Javier Milei que suspendía el financiamiento del sector. La resolución, dictada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, hace lugar a una medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y declara inaplicable el Decreto 795/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo pretendía congelar las partidas presupuestarias basándose en una supuesta falta de previsión de gastos.
El juez Martín Cormick declaró la "ilegalidad manifiesta" del decreto presidencial al considerar que la suspensión de fondos compromete la operatividad institucional y lesiona derechos constitucionales básicos. Esta definición judicial representa un quiebre en la estrategia de "déficit cero" de la Casa Rosada, situando al conflicto universitario en el centro de la puja entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Mientras el Gobierno intenta sostener el ajuste administrativo, el fallo judicial devuelve la vigencia a una ley sancionada por el Poder Legislativo que el Ministerio de Economía intentaba licuar.

El magistrado consideró que el incumplimiento de la Ley 27.795 por parte del Ejecutivo no es una potestad discrecional, sino un acto de arbitrariedad que afecta la supervivencia de las casas de altos estudios. Según el planteo del CIN, desde la asunción de la actual gestión en diciembre de 2023, la merma del salario docente ronda el 45%, una pérdida de poder adquisitivo que el Consejo Superior de la UBA y los sindicatos califican de crítica.
En sus fundamentos, Cormick fue contundente al integrar textuales que exponen la ilegalidad de la medida oficial: sostuvo que la lesión de los derechos es consecuencia del acto de la autoridad pública "de forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos". Para el magistrado, el argumento oficial de que la norma "no autorizaba o disponía gastos para prever en forma expresa el financiamiento" queda invalidado frente a la jerarquía de las leyes de financiamiento educativo.
La resolución judicial reactiva de manera obligatoria dos artículos fundamentales de la normativa, estableciendo un nuevo piso de garantías económicas que el Gobierno debe ejecutar de forma inmediata:
“Se encontraría conformado un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, reza el fallo que hoy pone en jaque la política presupuestaria del Ministerio de Capital Humano. Con esta cautelar, la Justicia reestablece el equilibrio de poderes, recordando que las leyes nacionales tienen preeminencia sobre los decretos administrativos y asegurando que el costo del ajuste no recaiga exclusivamente sobre el sistema científico y educativo nacional.
TM