Un grupo de sobrevivientes sirios y familiares de personas desaparecidas forzadamente presentó una denuncia penal ante la justicia federal argentina contra Bashar al Assad, a quien acusan de crímenes de lesa humanidad cometidos durante más de una década de guerra en Siria. La presentación busca que los tribunales argentinos investiguen la responsabilidad del régimen en un sistema de detenciones ilegales, torturas y desapariciones que dejó decenas de miles de víctimas.
La causa fue impulsada por organizaciones de derechos humanos y víctimas directas del conflicto, que aseguran haber agotado otras vías judiciales sin obtener respuestas. En la denuncia se describen patrones sistemáticos de represión, con especial foco en centros clandestinos de detención y en la práctica de desaparición forzada como política de Estado.
El caso se apoya en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales de un país investigar crímenes graves del derecho internacional aunque no hayan ocurrido en su territorio ni involucren a sus ciudadanos. Argentina cuenta con antecedentes relevantes en este tipo de procesos, lo que la convierte en un foro clave para causas de alcance global.
Los denunciantes sostienen que las desapariciones forzadas, la tortura y las detenciones arbitrarias constituyen delitos imprescriptibles, y que la falta de justicia en Siria obliga a recurrir a tribunales extranjeros para garantizar el derecho a la verdad y la reparación.
Según organizaciones humanitarias, más de cien mil personas continúan desaparecidas en Siria desde el inicio del conflicto en 2011. Muchas fueron detenidas por fuerzas de seguridad del régimen y nunca más se supo de ellas. La denuncia presentada en Argentina incluye testimonios directos de ex detenidos, relatos de familiares que aún buscan a sus seres queridos y documentación sobre centros de detención emblemáticos.

Los denunciantes remarcan que el impacto de estas prácticas no se limita a las víctimas directas, sino que afecta a generaciones enteras que viven sin información sobre el destino de padres, hijos o hermanos.
Aunque la denuncia no implica de forma inmediata un juicio oral, su admisión podría abrir una investigación penal formal y sentar un precedente clave en la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Siria. Casos similares en tribunales europeos ya han logrado condenas contra ex funcionarios sirios, fortaleciendo la idea de que los responsables pueden ser juzgados fuera de su país.
Para las familias, el objetivo es claro: romper décadas de impunidad, preservar la memoria de las víctimas y dejar constancia judicial de los crímenes atribuidos al régimen de Siria.