Discapacidad y Casa Rosada: el movimiento sorpresa para evitar volver a Diputados

El Gobierno nacional analiza avanzar con un decreto para reasignar partidas destinadas a la emergencia en discapacidad, como una vía alternativa para cumplir con los fallos judiciales vigentes sin introducir modificaciones en el proyecto de Presupuesto 2026 y evitar que la iniciativa deba regresar a la Cámara de Diputados.

Según fuentes oficiales, el Ejecutivo no prevé realizar cambios en el texto que obtuvo media sanción en Diputados, ya que cualquier alteración implicaría reabrir el debate parlamentario. En ese contexto, en la Casa Rosada evalúan una readecuación presupuestaria limitada al área de discapacidad mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

Desde el oficialismo aseguran que el Gobierno “cree que tiene los números” para aprobar el Presupuesto en la sesión prevista para el viernes próximo en el Senado. A ese escenario se suma el acompañamiento de cuatro senadores del bloque Convicción Federal, que anticiparon su respaldo en la votación en general, fortaleciendo la estrategia legislativa del presidente Javier Milei y de La Libertad Avanza.

De concretarse la sanción, el Ejecutivo lograría aprobar por primera vez un Presupuesto propio desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, luego de haber gobernado con la prórroga de la ley sancionada en 2022.

El fallo que reactivó la tensión por discapacidad

La Justicia Federal de Campana ordenó días atrás al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el marco de un amparo colectivo presentado por organizaciones y particulares vinculados al sector.

El Gobierno apeló esa decisión, pero el recurso fue concedido con efecto devolutivo, lo que implica que la sentencia de primera instancia continúa vigente mientras interviene la Cámara Federal. En consecuencia, el Estado sigue obligado a cumplir la normativa, más allá de la estrategia judicial para frenar su implementación.

En su resolución, el juez sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede neutralizar una ley mediante la inacción y remarcó que la emergencia en discapacidad responde a una situación crítica acreditada, con derechos que cuentan con protección constitucional y convencional.

El trasfondo político del Presupuesto 2026

El rechazo en la Cámara de Diputados al artículo 75 del Presupuesto 2026 -que proponía derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario- expuso las dificultades del oficialismo para sostener mayorías propias y obligó al Gobierno a revisar su estrategia.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo que ese revés parlamentario obligará al Ejecutivo a realizar correcciones en otras áreas del gasto público. “Habrá que empezar a ajustar de otras partidas, pero Presupuesto tenemos que tener”, remarcó.

Santilli defendió la necesidad de avanzar con la sanción de la llamada “ley de leyes” y afirmó que el país “se merece tener una hoja de ruta después de tres años sin presupuesto”. Además, destacó que el 85% del proyecto está destinado a jubilaciones, gasto social, salud, educación y discapacidad, con incrementos “por encima de la inflación” en los últimos rubros.

El funcionario también cuestionó las leyes de emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, a las que calificó como un “exceso de norma”, y advirtió sobre el impacto fiscal que, según el Gobierno, podrían generar algunas de sus disposiciones. Ese diagnóstico explica la búsqueda de una salida administrativa -como el decreto en análisis- que permita cumplir con las órdenes judiciales sin reabrir el debate presupuestario en Diputados.