Javier Milei y la Inocencia Fiscal: qué acordó con la UCR, el PRO y los bloques aliados

El Senado de la Nación se encamina a convertir en ley este viernes el proyecto de Inocencia Fiscal, una de las apuestas centrales del Gobierno para incentivar el ingreso al circuito formal de los dólares adquiridos durante el cepo cambiario. La sesión está convocada para el mediodía, una vez concluido el debate por el Presupuesto 2026, prioridad absoluta del oficialismo.

La iniciativa llega al recinto con dictamen favorable del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, que avaló el texto el viernes pasado. Ese paso parlamentario despejó el camino para su sanción definitiva, en un contexto de negociaciones políticas intensas pero con un escenario numérico favorable para el Ejecutivo.

El oficialismo logró reunir el respaldo de la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales que responden a Misiones, Corrientes y Tucumán. El peronismo, en cambio, optó por no integrar las comisiones como señal de rechazo a su conformación, aunque esa estrategia no impediría la aprobación de la norma, dado que el Gobierno ya cuenta con los votos necesarios.

El núcleo del proyecto es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, que -según el discurso oficial- “blinda para siempre” a los contribuyentes que adhieran. El esquema establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos, elimina la obligación de justificar incrementos patrimoniales y limita el control fiscal al impuesto a las Ganancias calculado sobre ingresos facturados, con deducción de consumos declarados.

Además, la iniciativa introduce cambios profundos en el régimen penal tributario: eleva el umbral de evasión simple de 1,5 millones a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones, frente a los 15 millones actuales. También reduce el plazo de prescripción de cinco a tres años y habilita la extinción de la acción penal mediante el pago de la deuda, un beneficio que podrá utilizarse una sola vez. Con este esquema, el Gobierno apuesta a una lógica de menor control estatal y mayor incentivo a la formalización de capitales, en línea con su visión de desregulación y estímulo al ahorro privado.