Gil Lavedra respaldó una actualización laboral pero dejó advertencias y objeciones

En el marco del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), expresó la postura institucional de la entidad de cara al tratamiento del proyecto previsto para febrero en el Congreso de la Nación. Si bien reconoció la necesidad de actualizar la normativa vigente, planteó objeciones de fondo y marcó límites claros a cualquier modificación que implique un retroceso en derechos.

“El mundo del trabajo actual requiere marcos normativos que brinden certidumbre y previsibilidad, así como la adecuación a los profundos cambios tecnológicos de la sociedad en que vivimos”, sostuvo el jurista. En ese sentido, señaló que el objetivo del Gobierno, expresado en la nota de elevación del proyecto, apunta a modernizar la legislación laboral, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica entre trabajadores y empleadores, una finalidad que consideró atendible.

No obstante, Gil Lavedra advirtió que cualquier proceso de reforma debe respetar estrictamente el marco constitucional y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. “Toda actualización normativa en materia laboral debe encuadrarse dentro del bloque de constitucionalidad federal y de los tratados de derechos humanos que protegen a los trabajadores y trabajadoras”, remarcó.

En ese punto, fue categórico al cuestionar algunos ejes del debate. “Resulta inconstitucional equiparar la capacidad de negociación de trabajadores y empleadores, desconociendo la desigualdad estructural de la relación laboral y la función tuitiva del Derecho del Trabajo”, afirmó. Según explicó, reemplazar la negociación colectiva por acuerdos individuales o asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común implica desconocer la protección constitucional vigente.

El presidente del Colegio de Abogados porteño también alertó sobre los efectos que podría tener una reforma de carácter regresivo. “Si se vacía de contenido el rol compensador del Derecho del Trabajo, se debilitan sus principios y se prescinde del diálogo social tripartito, lejos de promover empleo decente se fomentará la judicialización y se incrementará la inseguridad jurídica”, sostuvo, al tiempo que advirtió que ese escenario podría desalentar inversiones y perjudicar la actividad productiva.

Asimismo, Gil Lavedra se refirió a la independencia judicial y recordó que, si bien los tribunales inferiores deben respetar la doctrina de la Corte Suprema, ese deber no puede ser impuesto por vía legislativa en materia laboral sin afectar la autonomía del Poder Judicial. En otro tramo de su pronunciamiento, defendió el rol de los profesionales del Derecho. “No puede menoscabarse la tarea de los abogados y abogadas mediante la imposición de riesgos derivados de su actuación profesional ni mediante la reducción injustificada de sus honorarios”, subrayó.

Finalmente, el titular del Colegio Público de la Abogacía reconoció que existe un reclamo social por una reforma laboral que elimine trabas al desarrollo productivo y actualice una legislación que considera desfasada frente a los cambios de la sociedad. Sin embargo, concluyó que esa demanda debe ser canalizada con responsabilidad institucional: “Los legisladores deben actuar con apego estricto a los principios constitucionales, entendiendo que solo el respeto a la dignidad del trabajo humano permitirá construir una reforma moderna, equilibrada y sostenible”.

GZ