El Gobierno nacional volverá a enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010. Según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo, la iniciativa será presentada durante el próximo período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo, y apunta a introducir cambios estructurales en el régimen de internaciones y atención de pacientes con padecimientos mentales.
Desde el oficialismo explicaron que la decisión viene siendo trabajada desde hace meses y contempla reclamos sostenidos de familiares de pacientes, profesionales de la salud y miembros de las fuerzas de seguridad, quienes cuestionan la aplicación práctica de la ley actual y la falta de herramientas ante situaciones de riesgo.
El proyecto retomará el espíritu de las modificaciones que el Gobierno había incluido en la Ley de Bases, pero que finalmente fueron excluidas del texto aprobado por el Congreso en 2024. Se tratará así del segundo intento de la administración libertaria por reformar la normativa sancionada durante el primer mandato de Cristina Kirchner.
Entre los cambios que volverán a discutirse figura la posibilidad de crear centros especializados y permitir internaciones en instituciones adecuadas, un punto que había generado fuerte controversia por ser interpretado como un regreso a los hospitales monovalentes o neuropsiquiátricos. “Volveremos a lo que debe ser”, sintetizaron fuentes oficiales. “Hay que hacer algo más parecido a la ley anterior”, agregaron.
Uno de los ejes centrales del nuevo proyecto será la internación involuntaria, uno de los principales reclamos de familiares y fuerzas de seguridad.
La iniciativa prevé habilitar a los jueces a facilitar internaciones bajo evaluación interdisciplinaria y permitir que defensores oficiales se opongan a externaciones cuando consideren que existe riesgo.
Además, se analiza restituir la facultad judicial para adoptar medidas de atención urgente incluso antes de que se complete la evaluación interdisciplinaria, una herramienta que había sido eliminada por la normativa actual.
La Ley de Salud Mental fue promulgada en 2010, reglamentada en 2013 y ratificada en el Código Civil de 2015. Si bien contó con el respaldo de organismos internacionales como la OMS y la OPS, acumuló cuestionamientos de sectores que advierten sobre las dificultades para intervenir ante pacientes que rechazan la internación y representan un peligro para sí mismos o para terceros.
Entre los casos que suelen citar las fuerzas de seguridad aparece el asesinato del policía federal Juan Pablo Roldán, ocurrido en 2020 cerca del Malba.
El atacante, Rodrigo Roza, presentaba alteraciones mentales y el episodio expuso las tensiones entre la normativa vigente y la necesidad de intervención rápida en contextos de violencia.
Con este nuevo proyecto, el Gobierno busca reabrir un debate sensible que cruza derechos, salud pública y seguridad, y que promete volver a generar una fuerte discusión política y social en el Congreso.
ND