La Justicia puso en marcha las primeras medidas para determinar el origen del dinero con el que se adquirió la mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, que es atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y uno de los dirigentes que mantiene un abierto enfrentamiento con el Gobierno nacional.
La investigación apunta a establecer el posible delito precedente de un presunto esquema de lavado de dinero y se desarrolla en un contexto de fuerte tensión entre la conducción de la AFA y la administración de Javier Milei, que en las últimas semanas endureció su discurso contra la dirigencia del fútbol argentino.
El expediente está a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien dispuso una serie de medidas de prueba orientadas a reconstruir la ruta de los fondos utilizados para la compra de la propiedad y otros bienes vinculados a la causa.
Entre ellas, ordenó a la Dirección General Impositiva la elaboración de un informe patrimonial, financiero y económico integral sobre el entramado de empresas involucradas en la operatoria de compra y venta del inmueble, con el objetivo de establecer la capacidad económica real de quienes figuran formalmente como propietarios.
Para avanzar en ese análisis, Aguinsky convocó a una reunión en tribunales al titular de la DGI, Mariano Mengochea, para coordinar el alcance del informe, que incluirá documentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otros elementos incorporados al expediente. El pedido de medidas fue impulsado por el fiscal Claudio Navas Rial.
Uno de los ejes centrales de la investigación será la trazabilidad del dinero con el que operaron las sociedades bajo análisis, para determinar si los fondos provienen de actividades lícitas o de algún delito previo.
En paralelo, el juez ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la mansión para verificar si, en los días previos al allanamiento judicial, se registraron movimientos de autos de lujo, camiones u otros traslados relevantes, así como la eventual presencia de caballos vinculados al haras que funciona en el predio.
La mansión, de más de 105.000 metros cuadrados y con helipuerto, instalaciones deportivas y haras, figura a nombre de la firma Real Central SRL, cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Esa sociedad también es propietaria de una colección de 54 vehículos de lujo y de otra vivienda ubicada en un country de Pilar.
Según consta en la causa, la propiedad fue adquirida en 2024 por 1,8 millones de dólares a la empresa Malte SRL. Sin embargo, los investigadores sostienen que quienes figuran como compradores no tendrían capacidad económica para afrontar una operación de ese monto. Pantano registra deudas y antecedentes como monotributista, mientras que su madre fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por la ANSES.
El nombre de Toviggino aparece en la investigación a partir de los vínculos de los involucrados con el ambiente del fútbol. Pantano fue dirigente de futsal afiliado a la AFA y tuvo paso por Almirante Brown, mientras que Malte SRL pertenece a Mauro Paz, ex dirigente del fútbol femenino.
Además, una de las direcciones declaradas por Malte coincide con la de una empresa vinculada al tesorero de la AFA, lo que reforzó las sospechas sobre el entramado societario.
Durante el allanamiento a la propiedad, la Justicia secuestró un bolso con insignias de la AFA, una plaqueta del club Barracas Central —presidido por Claudio “Chiqui” Tapia— con el nombre de Toviggino, y documentación de vehículos cuyas cédulas azules figuran a nombre de familiares del dirigente.
Por el momento, fuentes judiciales aclararon que no existe una hipótesis firme sobre cuál habría sido el delito precedente que generó los fondos bajo sospecha. No obstante, en el expediente se analizan al menos cuatro hechos mencionados en la denuncia presentada por la Coalición Cívica, que dio origen a la causa.
Entre ellos figura un mensaje publicado en redes sociales por el ex futbolista Carlos Tevez en 2024, en el que aludía a presuntos bolsos de dinero y a una colección de autos en Pilar. También se investiga una operatoria vinculada a la compra de dólares oficiales para supuestos pagos al exterior que habrían terminado en cuevas financieras.
A eso se suman dos causas radicadas en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino, vinculadas a una presunta usurpación de tierras y al uso de pistas clandestinas para el contrabando de drogas. El juez Aguinsky solicitó copia de esos expedientes para incorporarlos al análisis.