Milei tiene Presupuesto 2026: qué cambia en educación y ciencia con el polémico artículo 30

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 con una aprobación holgada en general de 46 votos afirmativos, en una sesión donde el oficialismo logró ordenar apoyos y dejar aislado al peronismo kirchnerista.

Aunque el resultado global despejó cualquier escenario de paridad, la verdadera atención estuvo puesta en la votación en particular del capítulo 2, que incluía el artículo 30, una de las disposiciones más controvertidas del debate.

Lejos de una definición ajustada, ese capítulo también fue aprobado con un respaldo contundente de 42 senadores, confirmando que el Gobierno consiguió sostener su núcleo duro incluso en los puntos más sensibles del proyecto.

El oficialismo amplió su base y el kirchnerismo quedó aislado

La votación dejó una postal política clara: el peronismo kirchnerista no logró construir una minoría de bloqueo y quedó muy lejos de acercarse a una situación de paridad.

Incluso, tres senadores del interbloque “Populares” rompieron la disciplina del espacio y votaron a favor del Presupuesto 2026: Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).

Ese acompañamiento resultó clave para consolidar la mayoría en general y, sobre todo, para blindar el capítulo más cuestionado del articulado, que reconfigura compromisos legales de financiamiento en áreas estratégicas del Estado.

El corazón de la polémica: el artículo 30 del capítulo 2

El artículo 30 concentra una serie de derogaciones de leyes vigentes que fijaban pisos obligatorios de gasto en educación, ciencia y tecnología, educación técnica y defensa.

Para la oposición kirchnerista, el artículo implica un retroceso estructural en áreas sensibles, al eliminar garantías legales de financiamiento mínimo atadas al Producto Interno Bruto (PBI) o a los ingresos corrientes del Estado.

Educación: se deroga el piso del 6% del PBI

Uno de los puntos más sensibles del artículo 30 es la derogación del artículo 9° de la Ley 26.206, que establecía que, una vez cumplidas las metas de la Ley de Financiamiento Educativo, el gasto consolidado en educación del Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires no podía ser inferior al 6% del PBI.

Con esta derogación, el Presupuesto 2026 elimina una de las cláusulas más emblemáticas del esquema de financiamiento educativo vigente desde mediados de la década pasada, dejando el nivel de recursos sujeto a la discusión presupuestaria anual.

Ciencia y tecnología: fin de la senda obligatoria hacia el 1% del PBI

El artículo 30 también deroga tres artículos centrales de la Ley 27.614, que había establecido un sendero de crecimiento progresivo del presupuesto destinado a la función ciencia y técnica.

En concreto, se eliminan:

• El artículo 5°, que fijaba como meta alcanzar en 2032 una inversión mínima del 1% del PBI en ciencia y tecnología.
• El artículo 6°, que establecía una tabla de incrementos anuales obligatorios para garantizar esa progresividad.
• El artículo 7°, que prohibía que la asignación presupuestaria fuera inferior, en términos absolutos, a la del año anterior.

La derogación de estos artículos desarma el esquema de crecimiento automático y devuelve al Poder Ejecutivo y al Congreso la discrecionalidad plena sobre la asignación de fondos al sector.

Educación técnica: se elimina el piso del Fondo Nacional

Otro cambio relevante es la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058, que había creado el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional con un financiamiento mínimo equivalente al 0,2% de los Ingresos Corrientes del Presupuesto Nacional.

Ese fondo, que se sumaba a otros programas educativos, dejaba de depender de decisiones anuales para contar con recursos. Con el Presupuesto 2026, esa garantía legal queda sin efecto.

Defensa: se deroga el esquema de porcentajes crecientes del FONDEF

El artículo 30 también impacta sobre el área de defensa al derogar el artículo 4° de la Ley 27.565, que había creado el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Esa norma establecía porcentajes crecientes de los Ingresos Corrientes —del 0,35% en 2020 hasta alcanzar el 0,8% a partir de 2023, porcentaje que debía mantenerse en los ejercicios siguientes.

La eliminación de ese esquema pone fin a un mecanismo que buscaba garantizar un flujo sostenido de inversión para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.