Durante 2025, Colombia volvió a convivir con escenas que parecían archivadas en la memoria colectiva: enfrentamientos armados, confinamientos rurales y asesinatos selectivos que reactivaron el miedo cotidiano. El repunte de la violencia no fue un hecho aislado ni un simple rebrote estadístico, sino la señal de un retroceso profundo en el control territorial del Estado, especialmente en regiones periféricas donde la autoridad pública perdió capacidad de disuasión.
Este deterioro expuso una fractura entre el discurso oficial y la realidad en el terreno. Mientras se sostenía la narrativa de una paz en construcción, los grupos armados ampliaron su influencia y reforzaron economías ilegales que nunca fueron desmanteladas. El resultado fue un escenario donde la población civil volvió a quedar atrapada entre actores violentos y un Estado más reactivo que preventivo, incapaz de garantizar seguridad sostenida.
El caso colombiano no es excepcional dentro del mapa regional. Ecuador atravesó entre 2023 y 2025 un proceso acelerado de descomposición de la seguridad que lo llevó de ser un país de tránsito a convertirse en un nodo estratégico del crimen organizado. El aumento exponencial de homicidios, el control de zonas urbanas y portuarias y el colapso del sistema penitenciario evidenciaron una captura territorial similar a la observada en regiones colombianas.
En ambos países, los actores armados comparten rasgos centrales: carecen de una ideología política definida y operan con una lógica puramente pragmática, orientada al control del territorio, la renta ilegal y la intimidación social. La ausencia de una presión estatal constante permitió que estas estructuras ocuparan espacios dejados por el Estado, imponiendo reglas propias y normalizando la violencia como forma de gobernanza.
#OrdenPublico | Se reporta un atentado terrorista en el sector de La Casona, oriente de #Cali, que deja un taxista herido, luego de que fuera lanzada una granada de fragmentación. pic.twitter.com/sFd5sgdWtx
— Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) December 27, 2025
La comparación entre Colombia y Ecuador revela un problema más amplio que trasciende fronteras nacionales. Cuando el Estado reduce su presencia efectiva o apuesta a estrategias incompletas, el vacío es ocupado rápidamente por organizaciones criminales mejor adaptadas al terreno. La experiencia demuestra que recuperar el control perdido siempre resulta más costoso que mantenerlo, tanto en términos políticos como sociales.
📌 El avance de la violencia y la criminalidad en #Ecuador ha provocado un fenómeno silencioso pero cada vez más visible: el desplazamiento forzado interno de familias que huyen por miedo a la inseguridad. ▶️ https://t.co/g5E1KY4e4w pic.twitter.com/MEDNcW4Zhy
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) December 20, 2025
El retorno de la violencia no responde a una fatalidad histórica, sino a decisiones concretas y omisiones acumuladas. Colombia y Ecuador funcionan hoy como advertencia regional: sin instituciones sólidas, control territorial sostenido y políticas de seguridad coherentes, la promesa de estabilidad se vuelve frágil. El desafío no es retórico, sino estructural, y su desenlace marcará el rumbo de la seguridad en América Latina.