Condenan a una banda que traficaba drogas desde la cárcel con la complicidad de los guardias

El Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a penas de hasta 15 años de prisión a tres imputados juzgados por liderar, financiar o integrar una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas desde Bolivia, cuyo jefe operaba desde su lugar de detención en la Unidad Penitenciaria N°1 de la provincia, con la complicidad de autoridades del penal.

El fallo, dictado tras el debate que concluyó el martes pasado, tuvo por acreditados los hechos conforme a la acusación del fiscal federal subrogante de la Unidad Fiscal San Luis, Cristian Rachid, y del fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Martín Uriona. Los condenados fueron Rafael Dante Churquina, Daniel Hedel Becher y Efraín David Cortez.

Con la integración de las juezas María Carolina Pereira, María Paula Marisi y Gretel Diamante, el tribunal impuso a Churquina 15 años de prisión y una multa de 50 millones de pesos; a Becher, 13 años de prisión y una multa de 48 millones; y a Cortez, 4 años de prisión.

En la sentencia se atribuyó a Churquina haber organizado y financiado el tráfico de drogas desde el interior del penal —donde estaba detenido por una causa por abuso sexual—, blanqueado los bienes provenientes de esa actividad y pagado sobornos al director y subdirector del establecimiento para poder operar. Por esos hechos fue condenado como autor de organización y coautor del financiamiento del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención organizada de tres o más personas, coautor de cohecho activo y autor de lavado de activos, todo en concurso real.

A Becher se le imputó el financiamiento del narcotráfico, el lavado del dinero obtenido y el pago de dádivas a los mismos funcionarios penitenciarios, por lo que recibió condena por los mismos delitos que Churquina, con excepción de la organización del tráfico ilícito. En tanto, Cortez fue condenado como partícipe secundario del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte desde Jujuy hacia San Luis, agravado por la intervención organizada.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el tribunal ordenó el decomiso de dos inmuebles, dos fondos de comercio, 15 automóviles, además de motos, bicicletas, electrodomésticos, dinero y dispositivos electrónicos. También dispuso que, en el caso de Churquina, se dé intervención al Servicio Penitenciario Federal para evaluar su incorporación al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.

Durante el juicio resultaron determinantes los testimonios de los investigadores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la reproducción de audios de conversaciones entre los acusados y el aporte de un imputado colaborador que permitió reconstruir la dinámica interna de la organización. Al solicitar las penas, los fiscales subrayaron la gravedad de delitos cometidos desde un establecimiento penitenciario y el impacto institucional del caso.

La investigación acreditó que la cocaína provenía de Villazón, Bolivia. Según se probó en el debate, Churquina dispuso el envío de 12.500 dólares a la provincia de Jujuy —10.000 aportados por Becher— para la compra de poco más de cinco kilos de cocaína, de los cuales 6.000 dólares se destinaron a la adquisición de los “ladrillos” y el resto a sostener la cadena de provisión.

Antes del inicio del debate, otros siete acusados celebraron acuerdos de juicio abreviado y recibieron distintas penas por su intervención en el narcotráfico y el lavado de activos; entre ellos, el director y el subdirector del penal provincial, condenados por cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El TOF informó que los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro de los próximos 20 días hábiles.