Giro en el caso AFI: cómo se salvó el exsecretario de Macri del espionaje ilegal

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de Darío Nieto, exsecretario privado del entonces presidente Mauricio Macri, de Susana Martinengo, exfuncionaria de la Casa Rosada, y de un grupo de exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al considerar agotada la investigación en ese tramo de la causa por espionaje ilegal.

En su resolución, el magistrado sostuvo que tras años de instrucción no se incorporaron nuevas pruebas que permitieran sostener las acusaciones y concluyó que “el delito no fue cometido” o que no existen elementos suficientes para acreditar la participación consciente de los imputados en maniobras de inteligencia prohibidas por la ley.

Además de Nieto y Martinengo, el fallo benefició a los exagentes Daiana Baldasarre, María Belén Sáez, María Mercedes Funes Silva, Dominique Lasaigues, Martín Terra, Mariano Flores, Jorge Ochoa, Javier Bustos, Denise Aya Tenorio, Jonathan Nievas, Juan Carlos Rodríguez y Guillermo Matta, varios de ellos vinculados al denominado grupo “Súper Mario Bros”, que había quedado bajo sospecha a partir del análisis de comunicaciones internas.

El juez aclaró que el sobreseimiento no alcanza a los principales responsables del esquema investigado, cuyos procesamientos se mantienen firmes. Entre ellos figuran el exdirector de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz; el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra; y los agentes Jorge “Turco” Sáez, Facundo Melo, Leandro Araque, Emiliano Matta y Andrea Fermani, además de personal penitenciario acusado de violar la Ley de Inteligencia.

Según Martínez de Giorgi, la causa expuso una fuerte segmentación de responsabilidades dentro del organismo de inteligencia. En ese marco, validó la tesis de la “obediencia jerárquica” y la “tabicación informativa”, al entender que los agentes ahora sobreseídos actuaron bajo órdenes fragmentadas, sin conocimiento del objetivo final de las tareas, lo que impide atribuirles dolo o conciencia de ilicitud. También descartó la existencia de un plan criminal común impulsado desde la Casa Rosada, y sostuvo que se trató de acciones autónomas y descontroladas dentro de la AFI.