10/01/2026 - Edición Nº1068

Internacionales

Minería informal

Otra marcha atrás en Perú: por qué el Congreso extendió el Reinfo hasta 2026

28/12/2025 | El Congreso prorrogó el Reinfo hasta 2026 tras protestas masivas. La medida alivia tensiones sociales, pero erosiona la autoridad regulatoria del Estado.

Congreso de Perú.
Rosario Castagnet

La decisión del Congreso del Perú de extender nuevamente el plazo para la formalización de la minería artesanal confirma un patrón que se repite desde hace casi una década. Frente a la presión social y al riesgo de estallidos, el Estado opta por ganar tiempo antes que resolver el problema de fondo. La prórroga, aprobada tras semanas de protestas en Lima y otras regiones, refleja el peso político de un sector numeroso, disperso y difícil de controlar. También exhibe las limitaciones de la gobernanza peruana sobre actividades económicas que operan en los márgenes de la legalidad.

La minería artesanal e informal no es un fenómeno marginal en el Perú. Involucra a cientos de miles de personas que dependen de ella como principal fuente de ingresos, especialmente en zonas rurales y amazónicas. Esa dimensión social convierte cualquier intento de endurecer las reglas en un riesgo político inmediato. Por eso, cada plazo que vence sin resultados claros termina reabriéndose, reforzando la percepción de que la informalidad es tolerada mientras no desborde el conflicto social.

Perú


Perú es un país de Sudamérica que abarca una sección del bosque del Amazonas y Machu Picchu, una antigua ciudad inca en las alturas de los Andes.

Formalización en suspenso

El eje del debate gira en torno al Registro Integral de Formalización Minera, creado como un mecanismo transitorio para integrar gradualmente a los pequeños mineros al marco legal. En la práctica, el Reinfo se transformó en un espacio ambiguo: permite operar sin cumplir plenamente las exigencias ambientales, laborales y tributarias, a la espera de una regularización que casi nunca se completa. La prórroga hasta diciembre de 2026 es la quinta consecutiva, un dato que habla por sí solo sobre el fracaso del esquema original.

La extensión del plazo reduce la presión inmediata sobre el gobierno y evita un choque frontal con los mineros artesanales, pero debilita los incentivos reales para formalizarse. Si el mensaje implícito es que siempre habrá una nueva prórroga, el costo de seguir en la informalidad resulta bajo. El Estado, en lugar de cerrar la brecha regulatoria, la administra. Esto genera un círculo vicioso: menos cumplimiento, más tolerancia, y una autoridad pública cada vez más cuestionada.

Costo político y ambiental

Desde una perspectiva ambiental, el impacto es crítico. La minería informal está asociada al desmonte ilegal, la contaminación por mercurio y la expansión de economías criminales en regiones sensibles. Cada año adicional sin controles efectivos profundiza daños que luego requieren inversiones mucho mayores para ser revertidos. Sin embargo, estos costos suelen quedar fuera del debate inmediato, desplazados por la urgencia de contener la protesta social y garantizar gobernabilidad en el corto plazo.

En el plano económico, la contradicción es evidente. El Perú depende de la minería como motor de exportaciones y recaudación, pero tolera una vasta zona gris que escapa a la tributación plena y distorsiona la competencia. La informalidad no solo erosiona ingresos fiscales, sino que también debilita la credibilidad del marco regulatorio, afectando la confianza de actores formales y de inversionistas que operan bajo reglas más estrictas.

Gobernar la excepción

La nueva fecha límite coincide con el próximo ciclo político, lo que sugiere que el problema vuelve a ser trasladado al siguiente gobierno. La experiencia indica que, sin una reforma profunda del modelo de formalización -que combine asistencia técnica, financiamiento, plazos realistas y fiscalización efectiva-, el desenlace será previsible. Más extensiones, menos resultados y mayor desgaste institucional. El Reinfo corre el riesgo de consolidarse como un símbolo de la incapacidad estatal para cerrar procesos que anuncia como transitorios.

El dilema de fondo es político y estructural: cómo integrar economías informales masivas sin convertir la excepción en norma. La prórroga ofrece estabilidad momentánea, pero consume capital institucional y posterga decisiones clave. En ese equilibrio precario entre conflicto social y autoridad regulatoria, el Estado peruano sigue optando por administrar la tensión, aun cuando el costo acumulado sea cada vez más alto.

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