A contrarreloj del cierre del año judicial, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky dispuso las primeras medidas de prueba en una causa que busca determinar si existió lavado de dinero en la compra de una lujosa mansión ubicada en el partido bonaerense de Pilar. Dada la complejidad del expediente y la necesidad de avanzar sin demoras, el magistrado resolvió habilitar la feria judicial de verano y continuar con la investigación durante el mes de enero.
El foco de la pesquisa está puesto en establecer la existencia de un posible delito precedente al lavado de activos, es decir, el origen de los fondos que permitieron la adquisición del inmueble y otros bienes asociados, así como determinar si los titulares formales actuaron como presuntos testaferros. La causa se impulsa a partir de un requerimiento del fiscal Claudio Navas Rial.
Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba
— Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024
Entre las medidas ordenadas, Aguinsky solicitó a la Dirección General Impositiva (DGI) un informe patrimonial, financiero y económico integral sobre las empresas que intervinieron en la operación. El objetivo es reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si las sociedades involucradas contaban con respaldo económico real para afrontar transacciones de ese volumen.
La propiedad bajo investigación es una mansión de más de 105 mil metros cuadrados que cuenta con helipuerto, haras e instalaciones deportivas. Figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. La empresa también es titular de una colección de 54 vehículos de lujo y antiguos, además de otra vivienda en un country de Pilar.
Según consta en el expediente, el inmueble fue adquirido en 2024 por un monto de 1.800.000 dólares a la firma Malte SRL. Para los investigadores, Pantano y Conte no contarían con la capacidad económica suficiente para justificar esa operación: ambos registraron actividad como monotributistas, Pantano presenta deudas y su madre fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.
Ambos deberán presentarse a declarar el próximo lunes 29 de diciembre a las 11, mediante videoconferencia. La citación se realiza bajo una figura del Código Procesal Penal de la Nación que permite a los involucrados brindar explicaciones y aportar documentación antes de una eventual indagatoria. Será la primera oportunidad en la que ofrecerán formalmente su versión ante la Justicia.
El nombre de Pablo Toviggino aparece en la causa a partir de los vínculos de los involucrados con el ambiente del fútbol. Pantano fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown. En tanto, Malte SRL, la empresa vendedora del inmueble, pertenece a Mauro Paz, ex presidente de una asociación de fútbol femenino. Además, una de las direcciones declaradas por esa firma coincide con la de una empresa vinculada a Toviggino.
Durante un allanamiento realizado en la propiedad, los investigadores hallaron un bolso con insignias de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central -presidido por Claudio “Chiqui” Tapia- con el nombre de Toviggino. También se encontraron cédulas azules de varios vehículos que figuraban a nombre de familiares del tesorero de la AFA.
Por el momento, la Justicia no cuenta con una hipótesis cerrada sobre el delito que habría originado los fondos investigados. No obstante, en el expediente se analizan al menos cuatro hechos que fueron expuestos públicamente. Uno de ellos surge de una denuncia de la Coalición Cívica, que dio origen a la causa, y se apoya en un mensaje publicado en marzo de 2024 por el ex futbolista Carlos Tévez en la red social X, donde aludía a supuestos bolsos con dinero provenientes de Qatar y China.
GZ