El Gobierno nacional dio por finalizado el proceso de transformación de todas las Sociedades del Estado en sociedades anónimas, tras la inscripción de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado como Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Así lo confirmó el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, quien destacó que la medida completa el programa de reorganización de empresas públicas impulsado por el presidente Javier Milei a partir del DNU 70/2023.
“Con esta inscripción, se completa el proceso de reorganización de todas las sociedades del Estado Nacional, ordenado por el Presidente”, afirmó Vítolo en un comunicado oficial. El decreto estableció que todas las empresas con participación estatal, sin importar su tipo jurídico, debían adecuarse al formato de sociedad anónima y quedar sujetas a la Ley General de Sociedades N° 19.550, en igualdad de condiciones con las firmas privadas y sin prerrogativas públicas especiales.
La conversión de Ferrocarriles Argentinos marca el cierre formal de un proceso que incluyó la adecuación legal y registral de un amplio abanico de compañías estatales. Entre ellas se encuentran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Télam, entre otras.
La operatoria estuvo a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que funcionó como Unidad Ejecutora Especial temporaria en el marco de los artículos 29 y 30 del Decreto 644/2024. Desde allí se coordinaron los aspectos técnicos de la modificación estatutaria y la inscripción registral. Según Vítolo, el cumplimiento del objetivo sorprendió incluso dentro del propio Estado, debido a que iniciativas similares anunciadas en décadas anteriores nunca llegaron a concretarse.
El cambio de encuadre jurídico tiene implicancias de fondo. Hasta ahora, las Sociedades del Estado operaban bajo regímenes especiales, con normas propias y protecciones de derecho público. Al convertirse en sociedades anónimas, esas particularidades desaparecen y las empresas pasan a regirse por el derecho societario común, lo que las vuelve compatibles con eventuales procesos de privatización, concesión o incorporación de capital privado sin necesidad de marcos legales adicionales.
En ese sentido, fuentes oficiales remarcan que la conversión es una condición previa para avanzar en ventas o concesiones. Un caso testigo es Belgrano Cargas y Logística S.A., cuya privatización fue programada mediante el Decreto 67/2025. El esquema prevé una desintegración vertical: remate del material rodante, concesión de vías e inmuebles y licitación de los talleres. El Gobierno planea publicar los pliegos antes de fin de año para iniciar formalmente el proceso.
Si bien la transformación en sociedades anónimas no implica automáticamente una privatización, sí habilita herramientas clave como la emisión de acciones, la transferencia total o parcial del paquete accionario y esquemas de asociación con privados. Analistas coinciden en que este formato reduce obstáculos jurídicos y otorga mayor flexibilidad para ejecutar procesos de desinversión estatal.
El plan se enmarca, además, en los compromisos asumidos por el Gobierno con organismos internacionales y en una estrategia económica orientada a reducir el rol empresario del Estado. En ese contexto, la conversión de Ferrocarriles Argentinos en SAU simboliza un punto de inflexión: aunque el Estado conserva por ahora el 100% de las acciones, la empresa queda jurídicamente equiparada a cualquier firma privada, con todas las implicancias que eso conlleva.
Con este paso, el Ejecutivo considera concluida una etapa clave de reformas estructurales y deja sentadas las bases legales para la próxima fase de su política económica, marcada por privatizaciones, concesiones y una redefinición profunda del vínculo entre el Estado y su entramado empresarial.
GZ