La discusión sobre la revocación de mandato en Oaxaca irrumpe en un momento de fatiga institucional y creciente desconfianza hacia los mecanismos formales de control político. Presentada como una herramienta de democracia directa, la iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: si estos instrumentos realmente fortalecen la rendición de cuentas o si terminan absorbidos por la lógica del poder que dicen fiscalizar. El debate no es técnico, sino profundamente político.
En México, la revocación dejó de ser una figura abstracta desde que fue incorporada al centro del discurso público nacional. Su activación en un estado con alta conflictividad social y tradición de movilización como Oaxaca no puede leerse como un hecho aislado. El contexto importa: desconfianza en las instituciones, polarización política y una ciudadanía expuesta a consultas que prometen participación, pero rara vez ofrecen consecuencias claras.
El proceso se articula alrededor del gobernador Salomón Jara, en un escenario donde el malestar social convive con disputas internas del propio oficialismo y con una oposición fragmentada. La revocación aparece así como un vehículo para canalizar tensiones, pero también como una herramienta de presión política cuya finalidad no siempre es evaluar la gestión, sino reordenar fuerzas y narrativas.
El antecedente nacional pesa como sombra larga. En 2022, la revocación presidencial impulsada por Andrés Manuel López Obrador terminó funcionando como un ejercicio de reafirmación simbólica del liderazgo. Lejos de poner en riesgo la continuidad del poder, consolidó un mensaje de respaldo popular. Ese precedente alimenta la sospecha de que, más que un control ciudadano, la revocación puede transformarse en un plebiscito emocional favorable a quien mejor moviliza.
En #Oaxaca se lograron juntar firmas y voluntades para que en 2026 se ponga a decisión ciudadana la revocación de mandato del gobernador.
— Audelino Macario (@audelinomacario) December 25, 2025
Dato curioso: Salomón Jara @salomonj no está entre los peores gobernadores del país. En la más reciente encuesta de @Mitofsky365, aparece en… pic.twitter.com/I7vQ1l1nYs
El problema no reside únicamente en la herramienta, sino en las condiciones en las que se activa. Sin árbitros fuertes, información equilibrada y reglas claras, la revocación corre el riesgo de degradarse en un evento binario que simplifica debates complejos. La evaluación de gobierno se sustituye por la lógica del “a favor o en contra”, empobreciendo la deliberación pública y profundizando la polarización.

Para Oaxaca, el desafío es mayor porque el resultado -independientemente de su signo- tendrá efectos políticos duraderos. Un gobernador ratificado podrá leer el proceso como un mandato ampliado; una revocación fallida puede erosionar aún más la confianza en los mecanismos de participación. En ambos casos, el riesgo es el mismo: normalizar consultas que legitiman poder sin corregir sus desvíos, debilitando a largo plazo la calidad democrática.