Diciembre dejó la primera radiografía nítida del Milei parlamentario. El Gobierno consiguió lo que no había tenido en dos años de gestión: un Presupuesto propio aprobado por las dos cámaras y la ley de Inocencia Fiscal como complemento de su relato de “déficit cero”. Pero lo logró al precio de admitir límites concretos: no pudo avanzar sobre el financiamiento universitario ni sobre la emergencia en discapacidad, y tuvo que postergar la gran reforma laboral que imaginaba como broche de fin de año.
La secuencia empezó en Diputados, donde el Presupuesto 2026 se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 en contra y 19 abstenciones, pero perdió su “corazón ideológico”: el capítulo que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Una mayoría transversal entre peronismo, radicales y bloques provinciales se plantó y volteó ese paquete, obligando al Ejecutivo a recalibrar la ingeniería del ajuste. Al mismo tiempo, la madrugada dejó otra herida: el acuerdo entre libertarios y Unión por la Patria para repartirse lugares en la AGN detonó la furia del PRO, que judicializó la designación de auditores y habló de “maniobra irregular”.
En el Senado llegó la foto del triunfo, pero también de la nueva correlación de fuerzas. El Presupuesto fue convertido en ley por 46 votos a 25, con una abstención, gracias a una mayoría que combinó a La Libertad Avanza, PRO, UCR, senadores provinciales y un puñado de peronistas federales que respondieron al pedido de sus gobernadores. El oficialismo aceptó mantener las partidas extra para discapacidad y universidades, pero defendió y aprobó el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia y defensa fijados por leyes específicas. Es decir: ganó la lógica del equilibrio fiscal, pero en disputa abierta con el sistema educativo y científico, que ya anticipó una larga batalla por la reglamentación.
En paralelo, la apuesta por cerrar el año con reforma laboral terminó en pausa. El Gobierno consiguió dictamen en el Senado para su proyecto de “modernización”, pero ante la resistencia de la CGT, las marchas en la calle y las dudas de los bloques dialoguistas, decidió cambiar el texto y patear el debate para febrero, dentro de un nuevo llamado a extraordinarias. La reforma quedó convertida en una promesa diferida y en un recordatorio de que, incluso con mejor número en las cámaras, cualquier cambio que toque de lleno al mundo sindical exige otra escala de negociación.
El vínculo con el PRO atravesó todo el mes como una línea de tensión de fondo. Cristian Ritondo llevó a la Justicia la pelea por la AGN, Mauricio Macri dejó correr el mensaje de “guerra fría” con la Casa Rosada y, al mismo tiempo, el partido terminó siendo clave para sancionar el Presupuesto, después de lograr que se incorporara una cláusula sobre la deuda de coparticipación con la Ciudad. El Gobierno ensayó entonces una doble jugada: endurecimiento verbal hacia el macrismo en público y recomposición quirúrgica en privado, consciente de que su “oficialismo ampliado” depende de esos votos tanto como de los de los gobernadores.
Del lado opositor, diciembre consolidó dos datos. Unión por la Patria se ratificó como primera minoría crítica, capaz de marcar agenda en temas sensibles (universidades, discapacidad, educación), pero sin poder bloquear en soledad las leyes clave del Ejecutivo. Y el peronismo provincial terminó de independizarse del paraguas K: una parte acompañó al Gobierno en nombre de las provincias y otra se ordenó en bloques propios, dejando atrás cualquier ilusión de funcionamiento como frente homogéneo. El balance del mes es, en suma, un Milei que aprendió a ganar en el Congreso, pero que ya sabe que cada victoria viene atada a socios propios, prestados y condicionados.