Elena Makarova, la mujer señalada por la fiscalía como presunta víctima en la causa conocida como la “Secta rusa de Bariloche”, aseguró en su declaración en Cámara Gesell que no conoce al principal imputado del expediente y negó haber sido explotada, manipulada o privada de su libertad durante su estadía en esa ciudad rionegrina.
Makarova declaró durante varias horas bajo ese mecanismo judicial y relató en detalle su llegada a la Argentina, el embarazo, el parto y el trato que recibió por parte de organismos estatales. Desde el inicio de su testimonio sostuvo que viajó al país con un objetivo concreto. “Yo vine a la Argentina para estar tranquila y dar a luz en un lugar seguro”, afirmó.
La joven explicó que arribó en enero de 2025, embarazada y luego de haber atravesado una relación violenta con una expareja en Rusia. Dijo que eligió vivir en Bariloche por recomendación de conocidos y por la tranquilidad del lugar, y que su plan siempre fue tener a su hijo y regresar a su país a las pocas semanas. Según declaró, esa decisión nunca fue modificada ni condicionada por terceros.
En paralelo, la Fiscalía mantiene imputadas a 21 personas por presunta trata de personas y reducción a la servidumbre con fines de explotación sexual, con prisión preventiva para Rudnev, sindicado como líder de una organización internacional. Sin embargo, al ser consultada de manera directa sobre él, Makarova fue categórica: “No, no lo conozco”.
Durante su testimonio, remarcó en reiteradas oportunidades las dificultades de comunicación que enfrentó por no hablar español ni inglés. Señaló que dependía de traductores para vincularse con médicos y autoridades, y mencionó a la traductora Svetlana Komkova, a quien describió como una persona de apoyo. También se refirió a Nadezhda Belyakova, conocida como Angelina y hoy imputada en la causa, a quien identificó como la amiga con la que convivió y se trasladó con libertad en todo momento.
Konstantin Rudnev, el presunto líder de la secta rusa, está preso en el penal de Rawson. Uno de los tramos centrales de la declaración estuvo vinculado al parto. Makarova relató que inicialmente se negó a una inducción porque quería un parto natural y que aceptó la cesárea luego de que los médicos le advirtieran sobre posibles riesgos. Contó que su hijo nació a las 13.15 y que, tras la intervención, sufrió una importante pérdida de sangre, debilidad extrema y desorientación. “No sentía las piernas, me dormía y me despertaba”, recordó, y agregó que no comprendía lo que ocurría a su alrededor porque las explicaciones eran en español y no contaba con una traducción adecuada.
En ese contexto, denunció que ya en la habitación una mujer ingresó y se llevó su teléfono sin darle explicaciones y que luego llegaron policías que intentaron comunicarse con ella mediante un traductor automático que no funcionaba correctamente. “No había comunicación”, insistió.
Otro tramo relevante de su relato estuvo referido a su estadía en refugios estatales tras el alta médica. Makarova habló de aislamiento, restricciones y falta de contacto con su familia. Dijo que no tenía teléfono propio, que la comunicación con su madre era limitada y que las condiciones eran precarias. “No vimos la luz del sol durante más de un mes”, sostuvo, y describió dificultades cotidianas para cuidar a su hijo, falta de insumos básicos y episodios de ansiedad permanente.
En relación con la documentación, explicó que solo contaba con la partida de nacimiento de su hijo y que hubo errores en la inscripción del apellido por diferencias culturales y lingüísticas, situación que pidió corregir. “En Rusia se van a reír”, expresó al explicar el motivo del reclamo.
Al cierre de su declaración, Makarova formuló un pedido concreto: “Yo quiero volver a casa”. Solicitó que le devuelvan sus documentos y su teléfono y que le permitan regresar a Rusia con su hijo. “Quiero estar tranquila”, afirmó.
Además de su declaración, Makarova presentó una querella penal y una recusación formal contra los fiscales Tomás Labal, Gustavo Revora y Rodrigo Treviranus, a quienes acusa de haber actuado sin objetividad, haber impedido su defensa y haberla sometido a tratos que considera ilegales. También denunció a profesionales del Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde transitó las últimas semanas de embarazo y dio a luz bajo custodia.
En su presentación judicial, la joven volvió a remarcar su postura: aseguró que no se considera “víctima de nada ni de nadie” y cuestionó la intervención de la Justicia argentina en su caso.